(Ambito) – Para explicar los costos del gas y la electricidad

Los ministros de Justicia y Energía, Germán Garavano y Juan José Aranguren, anunciaron que el Gobierno llamará a audiencias públicas para tratar los aumentos dispuestos en gas y electricidad que fueron frenados en distintas instancias judiciales.

Aranguren habló de una audiencia «informativa» y a la vez «participativa», en un nuevo intento por legitimar las alzas, aun cuando un mecanismo como el anticipado seguiría siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión.

El anticipo oficial, que todavía debe formalizarse, se produce cuando los aumentos en las tarifas de gas ya se encuentran para ser tratados por la Corte Suprema, luego de que la Cámara Federal de La Plata decidió elevar a ese tribunal el recurso extraordinario solicitado por el Gobierno.

Según lo declarado por Aranguren a una radio, la audiencia tratará los costos de producción del gas y la electricidad, mientras desde su ministerio indicaron después que «todos los sectores involucrados podrán exponer su posición y dar sus argumentos sobre la cuestión energética».

Aranguren consideró que un «principio de solución» al conflicto de las tarifas de gas es la audiencia pública para el valor del transporte y la distribución, que forma parte de la revisión integral de los contratos y que ya fue convocada para octubre. En opinión del Gobierno, no es necesario celebrar audiencia por el precio del gas que perciben las petroleras y por el precio mayorista de la energía.

Por eso dijo: «Si la gente, los políticos, los jueces o los periodistas piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el valor de la generación de electricidad y el precio de gas en boca de pozo, bueno, vamos a hacer una audiencia pública».

«La gente ya aceptó los aumentos de tarifas y paga», dijo también Aranguren, y detalló que el 87% de los usuarios residenciales de gas por red en el área metropolitana recibió facturas inferiores a $500 mensuales en el período mayo-junio, de los cuales el 78% pagó.

El ministro también aseguró que sería «muy grave» que la Corte Suprema falle contra los aumentos de tarifas porque se necesitarían $22.000 millones para reponer subsidios.

Por su parte, Garavano sostuvo que hay tribunales que buscan «gobernar y marcar la política energética». Exhortó a la Corte a que «ordenen algunas cosas que, claramente, parece que han tenido otras finalidades distintas a la de proteger a algunos usuarios en particular, para dar certidumbre».