AFP

En el marco de la crisis del agua que amenaza a todo el mundo, en la Argentina, a diferencia de los países de Medio Oriente y África, la disponibilidad de agua no es el más grave de los problemas, pero sí resulta preocupante la falta de acceso a este recurso por parte de la población. La falta de acceso a agua potable y a cloacas es una deuda pendiente de los últimos gobiernos con toda la población argentina en general, pero afecta más especialmente a algunas provincias.

De acuerdo con estadísticas de la FAO de 2005, en el país hay una disponibilidad de agua por habitante de 20.940 m3 al año, sin embargo, un 17 % de la población no tiene acceso al servicio de agua potable y más de la mitad de los habitantes del territorio no cuentan con desagües cloacales, de acuerdo con el último censo nacional. Pero más allá de los números a nivel nacional, es importante destacar que el acceso al agua es muy desigual en las distintas provincias, y en particular entre las poblaciones rurales y urbanas. Por ejemplo, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, según el INDEC, el 100 % de los porteños disfrutan de agua potable y el 98 % de cloacas, en Misiones estos porcentajes descienden al 72 % y 19 %, respectivamente.

Además, la  universalidad en el acceso al agua no es el único desafío urgente en la Argentina. «Hay una falta de políticas públicas profundas, es necesario que vean más allá del acceso al agua, e incluyan cómo es que se accede a ella. Muchas veces esto se confunde, porque que haya redes de caños no significa necesariamente que el agua sea potable», señaló a DEF Aníbal Faccendini, fundador y director ejecutivo de la Cátedra Libre del Agua de la Universidad de Rosario. «El gran problema es que en Argentina mucha gente toma agua con sedimentos de arsénico, sales, minerales. Los niveles de arsénico son muy altos en muchos lugares del país», añadió.

Unos cuatro millones de argentinos están expuestos a ser víctimas de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad grave de larga evolución, provocada por la presencia de aguas contaminadas naturalmente con este metaloide. «Existen amplias áreas de nuestro país que registran cifras muy por encima de las máximas aceptadas para agua potable y que ponen a las poblaciones residentes en riesgo de padecer enfermedades dermatológicas, cardiovasculares y cáncer», se lee en un informe del Ministerio de Salud de la Nación de 2011 que asevera que, debido a su alta prevalencia y letalidad potencial, el HACRE es «un problema de salud de primer orden».

Planes en marcha

Entre 2001 y 2010, un total de 2.149.186 de nuevos hogares se incorporaron a la red de agua potable, es decir, se pasó de un 78,4 % de cobertura al 82,6 %. En cuanto a la red de desagües cloacales, el censo 2010 mostró que 48,8 % de los habitantes disponen del servicio, mientras que en 2001 ese valor era de 42,5 %.

El gobierno tiene como objetivo que en 2019 estos porcentajes sean del 100% para el caso de agua potable, y del 75% para las cloacas, apuntando a la universalización de los servicios para 2030, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para ello, en 2016 se puso en marcha el Plan Nacional del Agua, que incluye cuatro ejes principales: agua y saneamiento, agua para producción o riego, adaptación a los extremos climáticos, y aprovechamiento multipropósito y biomasa. Para cumplir con sus objetivos, se requiere una inversión de 22 millones de dólares, incluidos 13.400 millones para saneamiento.

«Al año 2019 se espera haber iniciado todas las obras necesarias que permitan alcanzar las metas de cobertura planteadas», asegura el documento oficial del Plan. Las obras a ser ejecutadas abarcan extensiones de redes de agua potable, acueductos, plantas potabilizadoras, estaciones elevadoras, extensiones de redes de recolección de líquidos cloacales, entre otras.