(La Gaceta de Cooperar) – Legisladores de distintos países piden un tratamiento impositivo que respete su naturaleza jurídica. 

Un tratamiento impositivo que reconozca su carácter de empresas al servicio de las aspiraciones sociales, económicas y culturales de sus asociados, y que facilite la formación de su patrimonio social.  Ese es uno de los compromisos asumidos por legisladores de distintos países del continente, de acuerdo con una declaración emitida el 23 de octubre en el marco de la V Cumbre Cooperativa de las Américas. Allí también se propusieron comenzar a funcionar como Foro Interparlamenario de la Economía Solidaria de las Américas.

Otro de los puntos acordados por los parlamentarios es la promoción de una legislación cooperativa que respete su naturaleza específica, reconociendo como orientación la Ley marco para las cooperativas de América Latina adoptada por el Parlamento Latinoamericano.

Además, se comprometieron a facilitar la implementación de la Recomendación 193/2002 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la promoción de las cooperativas, así como promover el desarrollo de estas empresas para el cumplimiento de la Agenda 2030 referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los legisladores citaron, finalmente, un informe presentado por el Secretario General de Naciones Unidas el año pasado en el cual se define que “los gobiernos deben reconocer a las cooperativas como asociados para el desarrollo, al tiempo que valoran y apoyan su contribución a la comunidad y a la sociedad en general”.

Ese documento indica también que “los gobiernos deben invertir en la renovación de la legislación en materia de cooperativas, especialmente en las esferas del acceso al capital, la competitividad y la tributación justa”.

La declaración de los parlamentarios, que recoge de este modo diversas manifestaciones de organismos internacionales a favor de las empresas de la economía solidaria, se dio a conocer en días previos a la sanción del Prepuesto 2019, que incluye un aumento del gravamen sobre el patrimonio para las cooperativas y mutuales, lo cual motivó el rechazo unánime de las entidades sectoriales.