(InfoCielo) – El Presidente lanzó un inesperado ataque contra las cooperativas eléctricas y le arruinó una carta de negociación al Gobierno bonaerense, complicado en sus intenciones de aprobar el Presupuesto por el rechazo homogéneo de los intendentes del PJ.

Por Eduardo Médici – Una inesperada catarsis tuitera de Mauricio Macri provocó una ola de lamentos en toda la Provincia de Buenos Aires, con epicentro en Calle 6. Es que el Presidente arremetió ayer contra las cooperativas eléctricas, al ordenar mediante el  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que cobren por separado los conceptos que suelen incluir en la factura de electricidad.

En Buenos Aires operan unas 200 cooperativas que le dan luz a cerca de un millón de usuarios, especialmente allí, donde el negocio no es rentable para las grandes distribuidoras eléctricas. Prestan, además, “servicios sociales” incluyen sepelios, traslados en ambulancia y otras prestaciones que muchas veces la Provincia y los Municipio no brindan, con lo cual se convierten en grandes aliados para las gestiones locales. Para mejorar su cobrabilidad, incluyen esos adicionales en la factura de luz. La resolución del INAES les pega de lleno y genera más tensión con los intendentes, especialmente los del peronismo.

«Es una medida importante para los usuarios. Antes de esta decisión podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía”, celebró el Jefe de Estado desde su cuenta de Twitter, donde no dejó lugar a dudas: “ahora van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional”.

Es que el Gobierno bonaerense impulsó a lo largo del año una medida similar, pero terminó suspendiendo su aplicación terminó suspendiéndose, justamente por pedido de los intendentes, hasta el primero de enero de 2019. Vidal pedía que las facturas de servicios “lleguen limpias” y para eso eliminó los decretos que establecían contribuciones provinciales y municipales, pero además los «servicios extra» que prestan varias cooperativas.

La decisión generó un hondo malestar en los intendentes, que advirtieron que iban a tener que llevar a cabo readecuaciones presupuestarias para hacer frente al flujo de recursos que perderían. Vidal atendió ese reclamo y, mediante una resolución del organismo de control –OCEBA-, dispuso que las boletas limpias lleguen desde el 1 de enero, “para que los intendentes tengan tiempo de planificar para el año que viene como van a manejarse”.

En el interín, Vidal recibió de la Nación un “presente griego”: la obligación de hacer frente a subsidios al transporte y a la energía por unos 34 mil millones de pesos. Imposibilitada de afrontarlos sin ingresos extra, trasladó parte de esas obligaciones a las comunas. Los intendentes expresaron un rechazo rotundo y buscaron una instancia de negociación. Pero, gracias a la intervención de Macri, ahora tienen más motivos para enojarse.

“Con esto, Macri embarra toda la negociación con los intendentes”, le dijo a INFOCIELO una fuente cercana al Gobierno provincial que se hizo eco de la versión que aseguraba que la inclusión de los “servicios sociales” en la factura podía ser una concesión de la Provincia a los municipios, en pos de destrabar la ley de leyes.

La ecuación es simple: si baja la «cobrabilidad» de los servicios sociales que prestan las cooperativas, esos servicios se van a resentir. Los reclamos de los vecinos se dirigirán entonces a los intendentes que, por su parte, tendrán menos recursos para compensar.

Pero eso no es todo: los cooperativistas afirman que, tras varios pedidos, había voluntad en el Gobierno provincial para permitir que los servicios sociales se sigan cobrando en la factura de luz. Esa temática se abordó a lo largo de la semana pasada junto a autoridades provinciales. Algunos cooperativistas consultados por este portal aseguraron que las gestiones estaban avanzadas y que incluso se trabajaba en un proyecto específico que puede caer en saco roto, porque Vidal queda atada de manos ante la intervención del INAES.

Ahora, tanto la Provincia como las cooperativas le apuestan a un recurso al que Macri suele echar mano: la marcha atrás.