En lo que se considera una medida sin alcance económico por cuanto exime en adelante a las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires del pago de un arancel para trámites, el gobierno de María Eugenia Vidal deja sin efecto una Resolución vigente desde el año 2000.

Así, trámites tales como autorización para funcionar, rúbricas, tasa general de actuación, entre otros -algunos de los cuales tenían un costo de diez pesos-, no incluirán dicho pago que constituía un obstáculo “para el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las cooperativas y de las personas que deseen constituir este tipo de entidades”, según reza en los considerandos. Es, en definitiva, una simplificación del trámite, aseguraron desde el movimiento cooperativo.

La fundamentación alude a que en el proceso de modernización de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires el pago de este arancel generaba inconvenientes en la gestión y los valores no resultaban representativos “por el proceso de depreciación que ha sufrido la moneda”.

Llama la atención que se invoque que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en el artículo 41 que la Provincia fomenta la organización y desarrollo de cooperativas”, cuando por decisión de la misma gobernadora María Eugenia Vidal, a partir de enero de 2018 las cooperativas están alcanzadas por el pago de ingresos brutos.

Ese artículo forma parte justamente del andamiaje jurídico utilizado por entidades cooperativas para solicitar ante la justicia bonaerense la derogación de dicho impuestazo.