(Infobae) El uso racional de la energía es clave para mantener un estilo de vida sustentable, utilizando de manera responsable los recursos del planeta. En nuestro país, el Estado nacional, las provincias y los municipios han comenzado a dar los primeros pasos en esa dirección.
Definida técnicamente como el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios obtenidos a partir de su uso, la eficiencia energética se está convirtiendo en una de las prioridades de las políticas públicas en todo el planeta. Nuestro país está dando los primeros tímidos pasos y se ha puesto una meta ambiciosa de cara a 2030: reducir en un 8,3 por ciento la demanda de energía a partir de medidas que hagan más eficiente su consumo.
Una de las primeras iniciativas fue el etiquetado de electrodomésticos, que consiste en una sencilla nomenclatura, que va de la A a la G, y una gama de colores, del verde al rojo, en ambos casos en una escala de mayor a menor eficiencia energética. En marzo de 2015, por su parte, la Secretaría de Energía lanzó el Programa de Fomento a la Producción y Comercialización de Electrodomésticos Eficientes Energéticamente, más conocido como “Plan Renovate”, que permitió el recambio de aparatos viejos por modelos más eficientes desde el punto de vista del consumo energético. Fue una iniciativa limitada en el tiempo, ya que estuvo vigente hasta diciembre de ese año, lapso durante el cual el consumidor obtuvo descuentos de hasta un 25 por ciento en electrodomésticos. También funcionó como incentivo para reactivar las ventas de la industria nacional de productos de “línea blanca”.
En diciembre de 2017, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) lanzó la norma IRAM 11.900, que mide las prestaciones energéticas en viviendas, con una nomenclatura y un uso de colores similares a los del etiquetado de electrodomésticos. Al respecto, la ingeniera Verónica Roncoroni, jefa de Construcciones de IRAM, señala: “Los proyectos de viviendas, diseñados con conciencia de ahorro energético y pensados para el confort de los usuarios, permiten construir casas más eficientes, ya sea por los equipamientos instalados, los materiales y otros indicadores, como la orientación, la región climática, el entorno en el que se construyan y la aislación, entre otros factores”.
A nivel provincial, Santa Fe se convirtió en la primera jurisdicción en contar con una ley de certificación de inmuebles destinados a viviendas. Sancionada por la Legislatura en octubre del año pasado, la norma establece un índice de prestación energética (IPE), definido a partir de la “cantidad estimada de energía primaria que demandaría la normal utilización de dicho inmueble durante un año y por metro cuadrado, satisfaciendo las necesidades asociadas únicamente a calefacción invernal, climatización estival, agua caliente sanitaria e iluminación, según niveles de confort establecidos por las mejores prácticas vigentes y los estándares internacionales”. A los efectos prácticos, se crea un Registro de Certificadores conformado por profesionales matriculados encargados de realizar la verificación correspondiente. A su vez, en el caso de las viviendas sociales, la administración santafesina se compromete a aplicar medidas de eficiencia energética de manera progresiva, hasta alcanzar en 2027 un estándar mínimo “C” para todos los planes provinciales.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental está desarrollando un plan piloto de etiquetado energético de viviendas, que consiste en el relevamiento de 200 inmuebles, distribuidos a lo largo de las 15 comunas porteñas, para evaluar su desempeño. Esa misma iniciativa ya fue desarrollada el año pasado en Mendoza, con una medición de consumo energético en 200 viviendas de la ciudad de Mendoza y de la vecina localidad de Godoy Cruz. Mientras tanto, Tucumán implementó, a través de su Ministerio de Desarrollo Productivo, dos líneas de financiamiento dirigidas a pequeñas y medianas empresas: una de ellas orientada a un diagnóstico energético gratuito y la otra al financiamiento de mejoras para optimizar el consumo energético de los establecimientos. A nivel local, por último, el Concejo Deliberante de Bariloche aprobó, en noviembre pasado, una ordenanza que establece condiciones mínimas de aislación térmica exigibles a construcciones que superen los 100 metros cuadrados.
La energía más barata es la que no se consume. De ello, parecen dar fe las primeras medidas aplicadas en distintos puntos de nuestro país, que apuntan a orientar a los consumidores y establecer unos requisitos mínimos destinados a la construcción de viviendas y a la evaluación de su rendimiento energético.
