(La Nación) Tras el decreto que prohíbe cortar el servicio a los usuarios con tarifa social y a las pymes, se desplomó la cobrabilidad; preocupan al Gobierno la calidad del servicio y la recaudación impositiva.

A poco de cumplirse dos semanas de cuarentena obligatoria , las empresas distribuidoras de gas y de electricidad advierten sobre la caída en la tasa de cobranza, que en algunos casos se redujo 70%. Esto pone en alerta al sistema, según advierten, y afecta a los ingresos fiscales de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, ya que entre 21 y 24% de las facturas son impuestos .

Las razones del aumento de la morosidad son dos principalmente. Por un lado, se debe al decreto que estableció que a ciertos sectores no se les podrá cortar el servicio si adeudan hasta tres facturas, dentro de los próximos 180 días. Pero el beneficio solo alcanza a los usuarios que reciben tarifa social o son pymes.

Por otro lado, la cobrabilidad cayó por la costumbre de más del 50% de los usuarios de pagar sus servicios de forma presencial y que, por el cierre de muchos comercios de cobranza y la imposibilidad de salir a la calle, no lo están haciendo.

«Las cobranzas se redujeron en un 70% aproximadamente, es decir que estamos cobrando el 30% de lo que hubiera correspondido en una situación normal. Un misil a la línea de flotación», señalaron en una empresa de distribución de gas, en relación con los ingresos y los gastos de la compañía. En otra de las distribuidoras coincidieron en que «la cobranza se vino a pique».

«Hubo mucha desinformación con el DNU. Muchos entendieron que a nadie se le podía cortar el gas, cuando en realidad son un grupo, los más vulnerables, que técnicamente son los que reciben la tarifa social y las pymes. Desde el viernes pasado estamos haciendo mucho hincapié en que el DNU no aplica a todos y que el resto debe pagar. El desafío será sobre todo este mes, porque en marzo ya había bastantes facturas en la calle y un porcentaje cobrado. La caja se frenó con el DNU, y a partir de ahí la cobranza se desplomó», indicaron.

Federico Bernal, interventor en el Enargas, señaló a LA NACION que en el ente regulador del gas mantuvieron teleconferencias con todas las distribuidoras. «La recaudación se desplomó en la mayoría de ellas. Trabajamos en encontrar soluciones. Destacamos el diálogo conjunto y la excelente predisposición de las licenciatarias», dijo.

En el caso de las distribuidoras de electricidad, según indicaron algunas empresas, la tasa de cobrabilidad cayó 50%. «De nuestros usuarios, un 6% percibe tarifa social y el 12% son pymes. Es decir, hay un 32% de los clientes que no pagaron las boletas», comentaron en Edesur.

«Es difícil continuar en esta situación, porque la falta de pago pone en riesgo el servicio eléctrico. Entendemos el decreto que estableció el Gobierno y lo acompañamos, pero hay que recordar que esa resolución incluye a las personas vulnerables y a otros sectores puntuales. Apelamos a la solidaridad de aquellos sectores que sí pueden hacer frente al pago del servicio eléctrico», indicaron en otra distribuidora.

La situación para el Gobierno podría ser peor en este caso, porque casi un 50% de lo que recaudan las empresas tiene como destino pagarle la electricidad a Cammesa, la compañía con control estatal. De hecho, en enero la tasa de cobrabilidad de Cammesa había caído al 74%, aunque luego repuntó al 85% en febrero, pero todavía sigue debajo de casi el 100% que había hasta noviembre. Esto se debe a que las tarifas de luz no se actualizan desde hace más de un año y, al aumentar los costos, al primero que dejan de pagar las empresas es a Cammesa.

«Seguramente caiga la cobranza de Cammesa sensiblemente. Estamos viendo cómo abordar el tema para evitar que sea un viva la pepa», indicaron en el Gobierno. Además, a diferencia del gas, donde solo se subsidia la tarifa social, este servicio está subvencionado para todos los usuarios, ya que pagan un 65% de lo que vale el costo de la electricidad y el resto lo aporta el Tesoro.

«Las empresas que integran la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) muestran su preocupación ante la fuerte caída en la recaudación. Acompañamos la decisión del Poder Ejecutivo respecto de la suspensión de los cortes de servicio por falta de pago a los sectores más vulnerables. Pero aquellos usuarios requieren de la solidaridad y responsabilidad del resto que sí puede abonar el servicio eléctrico. Estamos percibiendo que la interpretación y la difusión errónea o indebida de los alcances del decreto llevaron a que una parte importante de nuestros consumidores no abone su factura», indicó un comunicado enviado por Adeera. Los generadores de energía también manifestaron su preocupación por el tema.

En tanto, en el ENRE, el ente regulador de la electricidad, dijeron: «Estamos monitoreando la situación junto con las empresas concesionarias. Ha pasado poco tiempo como para determinar su alcance».