(Nota de Prensa 020_2020) Obedece principalmente a que no pueden abrir bocas de cobranza por la cuarentena. Sostienen –en un documento presentado al INAES- la necesidad de contar con “fondos mínimos indispensables para poder sostener el servicio, sin perder de vista la salud como el bien principal a custodiar”.

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La Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas elevó un documento al Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el que plantea una serie de medidas y trámites urgentes que permitan morigerar el impacto económico producto de la cuarentena obligatoria que –entre otras cuestiones- impide la continuidad de la facturación y cobranza de los servicios esenciales brindados en más de 700 localidades del país.

Dada la extensión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretado por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 de abril inclusive, “las bocas de cobro habituales de los servicios permanecen cerradas y sin la posibilidad de recibir el grueso de la recaudación mensual, lo cual provoca una disminución sustancial y significativa de las dos terceras partes de los ingresos de las cooperativas de servicios públicos”, sostienen en el documento los representantes del cooperativismo eléctrico.

Recuerda, además, que la provisión de servicios esenciales como la energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, entre otros, no ha cesado y “nos obliga a incrementar los gastos sin la contrapartida de los ingresos por cobranzas”. En este marco, indican que ya se presenta como una realidad el corte de la cadena de pagos, dado el incremento en la mora por pago de servicios.

Por lo tanto, esta situación “pone en riesgo el pago de los salarios a los trabajadores, el pago del suministro energético a quien lo provee (CAMMESA, empresa provincial, o distribuidora provincial), el cumplimiento con los Estados nacional, provincial y municipal en lo que refiere al pago de los tributos y todos los demás compromisos de pago de bienes y servicios adquiridos para garantizar la normal continuidad de los servicios esenciales”, afirman las cooperativas eléctricas representadas en la Mesa Nacional.

En consecuencia, han solicitado que se instrumente de manera urgente -través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- un sistema de atención al público, respetando todas las medidas de seguridad sanitaria de personal y asociados, que permita abrir bocas de cobro. “La calidad de los servicios resulta de esencial cumplimiento, pero para poder cumplirla resulta imprescindible que se pueda garantizar la cobranza y así poder contar con los fondos mínimos indispensables para poder sostener el servicio, sin perder de vista la salud como el bien principal a custodiar”, concluyen.

Por otra parte, solicitan al Gobierno nacional disposiciones centradas en que se aplique al sector cooperativo eléctrico las mismas decisiones políticas relacionadas con Pymes; medidas respecto de contribuciones patronales; ayuda económica del Estado para poder cumplir con el pago de las remuneraciones de los empleados; solicitud de que se suspendan los vencimientos de las facturas de compra de energía a CAMMESA, distribuidoras provinciales u otro proveedor; beneficios impositivos, entre otros.

En su carácter de entidad asociada a la CONAICE, el documento fue suscripto por FEDECOBA, quien también recordó a sus asociadas la necesidad de recurrir al compromiso asociativo y a la responsabilidad ciudadana de los usuarios del servicio eléctrico con capacidad de pago para que no dejen de abonar sus facturas y, de este modo, permitan la sustentabilidad económica de la empresa de los propios vecinos y el mantenimiento de servicios comunitarios que resultan esenciales en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Recordamos que la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas está integrada por la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos (CONAICE), la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FACE) y Federaciones provinciales asociadas a la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) representando a las 600 cooperativas que distribuyen energía eléctrica en quince provincias de nuestro país.