(Iprofesional) El Ente Nacional de Comunicaciones destinará $1.000 millones a proyectos para desplegar redes en barrios populares. El rol que asumen las cooperativas.
De los $3.800 millones que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) destinará para invertir en nuevos despliegues de infraestructura, $1.000 millones se orientarán a brindarle conectividad a las villas y los barrios populares, cuyas necesidades –y no solo de telecomunicaciones- quedaron más en evidencia que nunca en el marco de la pandemia por el coronavirus. Las cooperativas ya presentaron proyectos para construir esas redes.
El ENACOM, a cargo de Claudio Ambrosini, publicó en el Boletín Oficial cuatro resoluciones mediante las cuales otorga $3.800 millones provenientes de los Fondos de Servicio Universal (FSU) sobre las que viene dando cuenta iProfesional. Estas cuatro resoluciones son la continuación de una anterior, la 477, que modificó el Reglamento de Servicio Universal, justamente, para agilizar la disponibilidad de fondos para proyectos de despliegue.
El Programa de acceso a conectividad para instituciones públicas se llevará $2.000 millones, mientras que en segundo lugar se ubica el plan para el desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Propulares (Renabap) que se encuentren en proceso de integración urbana. Se trata, en este caso, de los $1.000 millones mencionados anteriormente.
Las cooperativas de telecomunicaciones nucleadas en CATEL, COLSECOR y FEDECOBA, que abarcan a más de 400 entidades de este tipo dentro del territorio argentino, presentaron un plan al Gobierno para construir redes de telecomunicaciones de fibra óptica a 358 barrios populares ubicados dentro de las áreas de influencia de estas cooperativas.
Las asociadas a estas tres entidades señalaron mediante un comunicado que se encuentran en condiciones de ejecutar de manera eficiente esos proyectos que permitirán que esas poblaciones puedan desarrollarse a partir de una mejor disponibilidad de conectividad.
La movida del organismo regulador como de las cooperativas de telecomunicaciones no es casual. Cuando hace algo más de un mes los funcionarios públicos municipales y del ENACOM compartieron foto en Villa Azul mientras repartían tarjetas telefónicas para garantizar las comunicaciones de los habitantes de uno de los primeros barrios populares del GBA más afectados por el coronavirus, la relevancia de las telecomunicaciones volvió a ponerse en la agenda pública.
El primer paso lo había dado el mismo presidente Alberto Fernández en marzo, cuando se iniciaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, y entre las primeras convocatorias al sector privado incluyó a las operadoras de telecomunicaciones. Entre los mensajes, uno de los que tuvo mayor énfasis fue el de garantizar la conectividad de los argentinos en tiempos de cuarentena.
Las cooperativas al frente
«Con estos proyectos estamos marcando un camino de cómo entendemos que se tienen que usar los fondos del Servicio Universal. El mejor uso es destinarlo a infraestructura. Si nos preocupan los barrios populares, que quedaron muy visibles en esta pandemia porque crujieron un montón de cosas, la conectividad fue una de ellas porque su infraestructura no está a la altura de las necesidades. Y por las características que tienen estos barrios necesitan de la ayuda del Estado a través de los fondos de SU», dijo a iProfesional, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, la cámara que nuclea a las cooperativas de telecomunicaciones más grandes del país.
El manejo de los fondos de SU viene estando en discusión desde hace varios años por la escasa efectividad obtenida en los fines que persigue. Fue creado allá por el año 2000, por medio del decreto 764 del gobierno de Fernando de la Rúa que desreguló el mercado de las telecomunicaciones y que, prácticamente, continúa rigiendo casi todo el funcionamiento del sector.
Está conformado por el 1% de los ingresos netos menos impuestos de parte de todos los prestadores de servicios TIC del país, es decir, que se alimenta con los aportes de grandes operadores de telecomunicaciones como también de cooperativas y pymes de telecomunicaciones.
Te puede interesar
¿Buscás un televisor 4K?: estas son las mejores oportunidades a precio dólar blue que hay en el mercado
El nuevo reglamento de Servicio Universal habilitó que, para todos los servicios brindados y sobre los que se hace ese aporte, el ingreso correspondiente se considerará devengado en el momento de la emisión de la factura o de la registración del pago.
Las compañías podrán descontar de manera parcial del aporte al fondo hasta un 30%, índice que surge de la suma que resulte de la rendición de las inversiones computables efectuadas en proyectos aprobados por el regulador, destinados justamente a desarrollar infraestructura de conectividad que propicie el acceso al Servicio Universal.
«Planteamos que lo mejor que puede ocurrir con esos fondos es que se invierten en infraestructura, que a esos barrios les queden una red de fibra óptica no sólo ahora para resolver la cuestión coyuntural de la pandemia sino a futuro. Serán barrios conectados con la última tecnología si lo invertimos en eso», agregó el directivo de CATEL.
Fernández Alvarado también destacó que es voluntad de estas entidades alinearse a este tipo de proyectos que promueve el Estado. «Acompañamos lo que tenga que ver con dejar un activo para los barrios populares, no sólo públicamente sino que tenemos un grupo de entidades que puede facilitar el trabajo en estos más de 300 barrios populares», indicó.
La unión hace la fuerza
Las distintas cooperativas que presentaron los proyectos al ENACOM para llevar la conectividad a los barrios populares discriminaron cuáles de ellas pueden atender las necesidades de su zona de influencia.
Es uno de los factores de fuerza que proponen CATEL, COLSECOR y FEDECOBA: al agruparse para presentar el proyecto se presentaría la mayor cantidad de cooperativas posibles para participar de la iniciativa impulsada por el ENACOM. Y el éxito del programa estará definido porque habrá gran cantidad de interesados en desplegar redes en barrios populares y villas. «Mientras más obras se pueden hacer van a haber más personas conectadas», enfatizó.
«Nuestras cooperativas asociadas se desarrollan por la voluntad solidaria de la ciudadanía local. El compromiso y responsabilidad de la dirigencia social sostiene desde hace décadas la prestación de los servicios esenciales, públicos y comunicacionales. El tiempo presente con la pandemia es una excepcionalidad que requiere esfuerzos propios extraordinarios en confraternidad para una mayor igualdad y equidad comunitaria. Trabajamos desde la integración, para que la conectividad sea social, inclusiva, democrática y federal», señaló José Néstor Lino, presidente de COLSECOR.
Su par de FEDECOBA, Angel Echarren, señaló que «los servicios públicos y sociales cooperativos se han convertido más que esenciales en este marco de aislamiento producto de la pandemia por coronavirus. Dar conectividad para que los habitantes de nuestras comunidades puedan trabajar, estudiar, comerciar y realizar todo tipo de actividades que les permita un desarrollo digno ha sido prioritario para las entidades que representamos. De allí que consideramos que esta iniciativa contribuirá al desarrollo integral de las personas y comunidades que abarca».
El mayor desafío del cambio al reglamento de Servicio Universal y la puesta en marcha de estos programas impulsados por el regulador será articular al sector público y al privado en pos de un bien común que, además, incluya los controles necesarios para que termine con el resultado esperado, es decir, muchas cooperativas construyendo redes en distintos barrios de la Argentina.
«Marcamos de manera pormenorizada los lugares que tenemos que alcanzar en el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario que es donde se agrupa la mayor cantidad de barrios populares», agregó.
Una vez aprobados los proyectos que se presenten al ENACOM la gestión de cada subsidio la hará cada cooperativa de manera individual. CATEL, COLSECOR y FEDECOBA actuarán como facilitadores. «Veremos cómo hacer para que esos fondos lleguen a cada cooperativa de manera individual, que es la manera más transparente de hacer esto y de acompañar. El éxito dependerá de cuántos barrios conectemos, de cuántas presentaciones se hagan y a cuánto se podrá concretar en terreno», concluyó Fernández Alvarado.