(ámbito) El Estado centrará los subsidios en los grupos de menores recursos. Los beneficiarios del IFE no sufrirían una actualización de precios en 2021.  Por Rosalía Costantino

“Subsidios eficientes”, “sintonía fina” o “aumentos estratificados”. Cualquiera de esas definiciones pueden utilizarse para resumir el plan del Gobierno nacional de cara al descongelamiento de los servicios públicos que intentará poner en marcha en 2021 para adecuar las tarifas a sus costos.

Tal como adelantó el secretario de Energía, Darío Martínez, a este diario semanas atrás, el objetivo es «encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio”.

“De nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso, el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio», le dijo Martínez a Ámbito.

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de «reestructuración tarifaria».

El objetivo de Martínez es comunicar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias.

Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería el Estado con subsidios a las empresas.

Según supo Ámbito, el Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

Así, luego de 3 años tarifazos acumulados del 3000% en el caso de la luz y cerca del 2000% aplicados durante la gestión de Mauricio Macri, desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país.

Para corregir las tarifas, la idea entonces que apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

«Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible», resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deberían ajustarse entorno al 70% y 80% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.

La intención de la cartera que conduce Martínez es tener resuelto para el primer bimestre de 2021 la reestructuración de los precios. Para poder llegar a los hogares que serían excluidos del aumento, se utilizarán, como adelantó Martínez a este medio, distintas herramientas tecnológicas para cruzar datos, como por ejemplo los beneficiarios del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) que paga Anses.

Por el lado de las distribuidoras energéticas, una de ellas aseguró a ámbito.com que aún no han mantenido diálogo con el secretario de Energía ni tampoco recibieron cómo es el nuevo esquema que pretende instrumentar, sino que sólo escucharon las declaraciones públicas del funcionario.

Este lunes, el Gobierno nacional encomendó a la Secretaría de Energía que reglamente la apertura a la discusión de las tarifas de gas natural. Por año, debe haber dos audiencias públicas para consensuar los precios de la luz y el gas.

El decreto 892/2020 que puso en marcha el Plan Gas:Ar fijó que «el Estado podrá tomar a su cargo el pago mensual de una porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a efectos de administrar el impacto del costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias» por parte de las empresas distribuidoras.

A partir de esto, el Gobierno instruyó a Energía «a dictar una reglamentación relativa a la discusión y debate de las tarifas de gas natural, así como de su debida ponderación, la que podrá incluir, de corresponder, mecanismos de participación ciudadana».

Por Rosalía Costantino