(COLSECOR) Las cooperativas vinculadas con las prestaciones de servicios de comunicación esperan la reglamentación del decreto 690/2020, que estableció a la televisión de pago, internet y telefonía como servicio público y congeló las tarifas hasta diciembre de este año.

Según los plazos del propio Gobierno nacional, la letra chica del decreto debería estar lista antes de fin de año. Así lo manifestó en octubre la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, en una entrevista concedida al diario Tiempo Argentino.

Lo cierto es que iniciado diciembre, no ha habido señales al respecto y aumenta la preocupación de quienes hoy brindan servicios de comunicación en medianas y pequeñas localidades de gran parte del territorio nacional.

Faltando menos de un mes para que finalice la vigencia del decreto, las cooperativas integradas en la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba) y COLSECOR enviaron una carta al titular del Enacom, Claudio Ambrosini, planteando la urgencia del tema, donde expresaron “la insostenible situación económica” de sus asociadas, tras el cumplimiento de la normativa fijada en el contexto de la pandemia por la Covid-19.

“Desde el dictado de la norma nos hemos puesto a disposición de la autoridad de aplicación para hacer nuestro aporte en el trabajo del diseño de los criterios conceptuales y de orden práctico, para la reglamentación del Decreto”, expresaron las entidades.

Tanto Fedecoba, Catel como COLSECOR manifestaron en el escrito dirigido al Enacom “la necesidad imperiosa” de considerar las particularidades de un sector que se diferencia de las empresas lucrativas y viene arrastrando un retraso tarifario respecto a los aumentos que realizaron los grandes operadores. Antes del decreto, las cooperativas no actualizaron sus abonos y esta situación hoy las pone ante una dificultad intransitable en el contexto actual.

Las prestatarias cooperativas, señalan especialmente, que la demora en la reglamentación del decreto 690 genera incertidumbre en un aspecto devenido del cumplimiento del artículo 2 de la resolución 1522/2020, que estable que ante cualquier modificación contractual de quien brinda el servicio debe ser comunicada con antelación a los usuarios / clientes con no menos de 30 días corridos, previos a la implementación.

La medida de gobierno, expresan las integraciones, dejó como evidencia el riesgo de la sostenibilidad de los servicios y de las estructuras productivas, fundamentalmente de las empresas pequeñas y medianas, y no se reparó en los esfuerzos de los usuarios, que también son asociados, en el caso de las cooperativas.

Como entidades de la economía social, la presencia de las cooperativas se enclava en las pequeñas y medianas poblaciones, donde hace décadas llevan prestaciones esenciales y públicas, como parte de los derechos de ciudadanía.