(Perfil) La necesidad de avanzar en acciones concretas para el cuidado de nuestra Casa Común debe ser un factor de unidad hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras más allá de cualquier diferencia ideológica y bandera política.

Una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación. La cifra duplica las muertes ocasionadas por el covid y triplica el número de víctimas por enfermedades como malaria y tuberculosis.

El último estudio de Naciones Unidas presentado hace pocos días por David Boyd, Relator Especial de la ONU y profesor de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, muestra la creciente intoxicación de la Tierra.

La polución atmosférica es el factor principal de las muertes prematuras sumando siete millones al año. La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, produce efectos adversos en el sistema inmunológico, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico.

Según la Organización Mundial de la Salud, los vehículos en las grandes ciudades son responsables de alteraciones cardiovasculares, cáncer y trastornos reproductivos debido a la emisión de pequeñas partículas provenientes de motores de combustión interna (“Preventing disease through healthy environments”, OMS). El cambio climático es también un problema de salud pública.

El sector transporte en América Latina contribuye con 34% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vinculadas a energía, un rubro que a su vez da cuenta de más del 60% de la contaminación. El uso de tecnologías obsoletas y deficientes para transporte pasajeros y mercaderías es una de las causas más arraigadas del deterioro ambiental.

Para reducir la contaminación en el transporte es necesario avanzar en forma simultánea en la transformación de la industria vehicular, en la electrificación de los vehículos y en su integración a la red eléctrica.

Así lo entienden también otras naciones. La Hoja de Ruta Global para la Movilidad Sostenible, que realiza el Consorcio SuM4All con la participación de diversos organismos multilaterales, encontró 180 iniciativas en todo el mundo en apoyo de la movilidad sostenible.

Quizás una de las más ambiciosa por su envergadura sea el llamado “eV Charging Action Plan” de los Estados Unidos, que busca acelerar las inversiones en el marco de la ley de infraestructura bipartidista por un monto equivalente a US$ 1,2 billones, e incluye una inversión de US$ 5.000 millones para construir una red nacional de carga (National Electric Vehicle Formula Program). A su vez pone en marcha una serie de beneficios junto a la apertura de la Oficina Conjunta de Energía y Transporte para alinear y coordinar esfuerzos nacionales.

En Europa, Francia impulsó la Ley de Clima y Resiliencia, que fue acompañada de un plan de acción para reducir emisiones en el transporte con electromovilidad. El Reino Unido prohibió la venta de coches de gasolina a partir de 2030. También Grecia aprobó una Ley de Electromovilidad en 2020, que incluye estacionamiento público gratuito para vehículos eléctricos (“Electric Mobility & Development”, Banco Mundial).

India aseguró que uno de cada cuatro autos patentados a partir de 2024 será eléctrico y Sudáfrica convocó a una consulta popular para generar un nuevo esquema regulatorio para el sector (“Auto green paper on the advancement of new energy vehicles”).

En nuestra región, Costa Rica fue pionera con la aprobación de la Ley de Incentivos para el Transporte Eléctrico que alienta la apertura de estaciones de carga. Ecuador sancionó la Ley de Eficiencia Energética que obliga a importar solo unidades eléctricas de transporte público desde 2025. Otros países siguieron rumbos equivalentes.

En la Argentina, el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable estima crear 21 mil puestos de trabajo y sumar exportaciones por US$ 5.000 millones. Se brindan incentivos a la oferta y la demanda, por ejemplo, con la creación de un Bono Verde en forma de descuento sobre el precio del vehículo o el equipo de recarga. También se establecen beneficios impositivos, se promueve la innovación con compras públicas, el diálogo transversal entre diferentes actores del sector público y privado, y se crea la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable.

El debate que lideró el Ministerio de Desarrollo Productivo en el marco del Consejo Económico y Social brinda una plataforma con mínimos comunes que puede enriquecerse con el intercambio de la práctica legislativa, sumar voluntades y avanzar hacia una política de Estado de largo aliento. Las coincidencias entre este proyecto y otros similares alrededor del mundo brindan indicios de que apunta en la dirección correcta.

En 2025 habrá en circulación más de 40 millones de vehículos eléctricos o híbridos. Para ese año, el costo adicional de comprar un automóvil eléctrico frente a uno de combustión interna habrá bajado a 1.000 dólares (“Electromovilidad: Panorama actual en América Latina y el Caribe”, BID).

Ante este contexto, precisamos generar consensos para la interoperabilidad, y continuar apoyando desarrollos que aumenten la autonomía de los vehículos y reduzcan los tiempos de carga. También trabajar en toda la cadena de la electromovilidad, incluyendo la producción del litio para las baterías. La oportunidad es indiscutible: en los salares de Argentina, Bolivia y Chile se concentra más del 60% de las reservas mundiales de litio disponibles.

Gracias a este “oro blanco” y a la capacidad instalada en el sector, estamos ante la posibilidad de construir un liderazgo regional en una cadena de suministro que atraviese de norte a sur el continente, poniendo en valor los acuerdos comerciales automotrices suscriptos también con México, consolidando asociaciones público-privadas para impulsar las exportaciones de litio y autopartes hacia el resto del mundo.

Se trata de perseguir al mismo tiempo tres objetivos. Cumplir los compromisos climáticos internacionales que asumió el país; reducir las consecuencias en materia de salud pública de la contaminación generada por el transporte; y contribuir a la modernización del sector automotriz y a su inserción en cadenas globales cada vez más verdes y con estándares ambientales más rigurosos.

La necesidad de avanzar en acciones concretas para el cuidado de nuestra Casa Común debe ser un factor de unidad hacia adentro y hacia afuera de nuestras fronteras más allá de cualquier diferencia ideológica y bandera política.

La cura para un planeta intoxicado de carbono no puede provenir de una conversación intoxicada por la indiferencia o el rencor.