(elDiarioAR) Argentina cuenta con excelentes condiciones para suplir parte de la demanda interna de energía a través de fuentes de bajas emisiones de carbono y para exportar combustibles sustentables para el medio ambiente como el hidrógeno. El desafío, transformar el potencial energético en desarrollo económico y social en todo el país.

Inicia un nuevo año y ya se habla de la sequía que afectará las exportaciones del complejo agropecuario argentino. Esto pone a las reservas internacionales en el centro de los análisis económicos que vaticinan un año con grandes dificultades. Está claro que además de la catástrofe natural que implica en sí, el cambio climático impacta en la economía como un todo y en la vida de cada habitante por consecuencia. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con la energía?

En 2015 Argentina se comprometió a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático por medio de la adopción y ratificación del Acuerdo de París (que organiza los esfuerzos globales para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C). Con la presentación de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, el país asumió el compromiso de no superar la generación de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (MtCO2e) para el año 2030. El sector energético es el principal responsable (51%) de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de la Argentina, seguido de cerca por el sector agrícola y ganadero (39%). Una buena noticia: la matriz energética primaria argentina es de las más limpias a nivel mundial (casi nula presencia del carbón y predominio del gas natural). Sin embargo, al analizar la matriz de energía eléctrica la participación de las fuentes térmicas (con combustión de carbón, petróleo, gas natural u otros combustibles) es del 59%. El aumento de generación de energía de forma renovable es una necesidad ambiental e incluso normativa: la Ley Nacional N° 27191 establece que el 20% de la matriz energética debe provenir de fuentes renovables para 2025. En este sentido, mucho debe hacerse para cumplir con tales objetivos. Por suerte, Argentina tiene un gran potencial para llevarlo a cabo.

La matriz energética global en general, y de Argentina en particular, no puede ser modificada de un día para el otro. Por el contrario, debe ir transformándose a medida que se desarrollan nuevas tecnologías. El principal punto a favor de las energías renovables es que no generan GEI, y durante los últimos años han tenido un fuerte crecimiento a nivel global. La generación de energía fotovoltaica y eólica, cuyo costo ya se encuentra cercano al de los combustibles fósiles, crece a un ritmo vertiginoso año tras año impulsado principalmente por China. A su vez, en la actualidad, ya hay países como Dinamarca, Portugal, Grecia o Australia que cubren entre un 40-80% de su demanda de energía eléctrica con fuentes renovables. Estas experiencias demuestran que los sistemas eléctricos pueden ser seguros aún con una gran penetración de energías renovables.

Argentina no es la excepción a esos países, es más, sus condiciones geográficas son óptimas para el desarrollo de energías renovables, tanto en el noroeste del país (solar) como en la Patagonia (eólico). Las instalaciones existentes tienen extraordinarios factores de carga/capacidad (la generación efectiva de energía sobre el potencial de generación) que superan la media global: mientras que la media global en energía eólica es de 36%, en Argentina la media histórica de energía eólica es de 46%. Si de energía solar fotovoltaica hablamos, la media global es de 16%, superada por la media histórica argentina del orden del 25%. En algunos lugares los niveles más altos de factor de carga alcanzan el 60%, como en el Parque Eólico Loma Blanca (51,2 MW) que se encuentra en Trelew (Chubut). En generación fotovoltaica, se destacan los parques La Puna y Altiplano, ubicados en la Provincia de Salta, con una potencia habilitada de 100 MW c/u y factores de carga de 35% y 34% respectivamente.

Otra solución amigable con el medio ambiente es el hidrógeno, cuyo atractivo reside en que su uso no genera combustión (que produce CO2), y en cambio, libera vapor de agua. En particular, el hidrógeno verde (que parte de la energía eléctrica generada por fuentes renovables), se obtiene por medio de la electrólisis y podría convertirse en un excelente complemento a la electrificación. En la actualidad, Hychico, una empresa localizada en Comodoro Rivadavia, cuenta con una instalación pionera de hidrógeno que se abastece con energía eléctrica generada en el Parque Eólico Diadema. Ya de otra envergadura, un megaproyecto se anunció el año pasado (de la australiana Fortescue) para producir y exportar hidrógeno verde en la localidad de Sierra Grande, Río Negro. El proyecto implica el desembolso de unos USD 8400 hasta 2028 y la futura generación de 50 mil puestos de trabajo (entre directos e indirectos). Una vez consolidado, su parque eólico podría generar 2.000 MW por sí solo, lo que da una pauta de la magnitud del proyecto.

La biomasa es otro sector con un gran potencial que parte de la utilización de materia orgánica para la producción de energía. La producción agropecuaria genera grandes cantidades de desechos orgánicos que bien podrían ser (y en algunos casos ya están siendo) utilizados para generar energía. Aquí es fundamental darle un impulso federal para llegar a la mayor cantidad de rincones del país y alcanzar los sectores productivos que generan desechos orgánicos (principalmente, el agropecuario y el forestal). Esto implicaría doble ganancia, por un lado la generación de energía con un menor costo y de forma limpia, y por el otro la disminución de la disposición de desechos por parte de estos sectores productivos.

Por último, la generación distribuida de energía eléctrica (GD) es otra gran iniciativa que lleva poco tiempo de vida pero cada vez se consolida más en el país: al día de hoy ya genera poco más de 17 MW gracias a 1051 Usuarios-Generadores. La GD se basa principalmente en la generación de energía eléctrica vía fuentes renovables por parte de usuarios residenciales y empresas. El punto clave reside en que las distribuidoras eléctricas y cooperativas reconocen lo inyectado a la red por parte de los usuarios y esa energía se toma a cuenta del usuario en la facturación mensual del servicio. Para ello, las provincias deben estar adheridas a la Ley Nacional N° 27424 (y reglamentarla) o bien haber desarrollado un esquema normativo propio. El atractivo de esta modalidad reside en que: permite aumentar o sostener el consumo energético al descomprimir la solicitud de energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI); genera un incentivo económico a los usuarios para la descarbonización de sus consumos energéticos; y tiene un carácter federal ya que permite llevar a cabo estas iniciativas en todo el territorio argentino tanto a nivel residencial, como comercial e industrial.

Las oportunidades para que el país acompañe la transición energética global son vastas, y como si fuera poco, los recursos se encuentran descentralizados: gas en Neuquén, energía eólica en la Patagonia y el sur de la Provincia de Buenos Aires, energía solar en la Puna, biomasa en la zona centro y litoral del país, y GD a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. Es necesario que se generen las condiciones institucionales y económicas, para que las oportunidades se consoliden y el desarrollo energético pueda convertirse en un vector de desarrollo para el país. Sólo la cooperación entre distintos actores del sector público y privado, en pos de un objetivo común con visión de largo plazo, podrá darnos la oportunidad de aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro gran país para promover el bienestar general de la población. Mucho camino queda por recorrer, pero tenemos la oportunidad de transformar el enorme potencial del país en una mejor calidad de vida “para todos los hombres (mujeres y disidencias)… que quieran habitar en el suelo argentino”.