(Energía Estratégica) Más de 200 parques se verán beneficiados, pero desde el sector remarcaron que la resolución del gobierno no contempló la exención para futuras centrales que se adjudiquen ni a los componentes para la generación distribuida.
La Secretaría de Energía de la Nación finalmente exceptuó del denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a los bienes para obras vinculadas a la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables.
A través de la Resolución SE 714/2023, la entidad encargada de la cartera energética nacional detalló que el pago del mencionado gravamen para la compra de divisas no resultará de aplicación, ya sea que los interesados cuenten o no con financiación del exterior para efectuar el pago de sus importaciones.
Esta decisión llega pocos días después de que Flavia Royon, secretaria de Energía, confirmara públicamente que se trabajaba en ello, y tras no haber incluido a tales bienes en primera instancia, cuando a mediados de mes sí eximió a productos para el fuel oil, el gas natural, GNL, la importación de energía eléctrica y en elementos destinados a la construcción y puesta en marcha del gasoducto Vaca Muerta.
Aunque es preciso señalar que, en esta oportunidad no contempla los bienes para todos los proyectos renovables, sino que sólo aplicará a los más de 200 parques que hoy en día se encuentran en diferentes etapas de construcción.
De acuerdo al anexo de la Res. SE 714/2023, se tratan de 9 centrales adjudicadas en la ronda N°2 del Programa RenovAr y 21 en la tercera etapa, 8 emprendimientos a través de MATER – Autogenerador y 62 proyectos del Mercado a Término con prioridad de despacho.
Además de 2 contratos suscriptos en el marco del régimen de excepción establecido por la Resolución N° 202/16 del ex Ministerio de Energía y Minería, 6 ampliaciones a partir del Decreto 476/2019 (permite que el estado celebre contratos renovables con empresas provinciales de energía) y las 98 ofertas adjudicadas en la reciente licitación RenMDI.
Es decir que la normativa alcanza a proyectos solares, eólicos, bioenergéticos y mini-hidroeléctricos de empresas como Caucharí Solar, Parque Eólico Arauco, ADI-NQN, Genneia, YPF Luz, Eternum Energy, ABO Wind, Coral Energía, EPEC, 360Energy, Central Puerto y Pampa Energía, entre otras.
Si bien esta medida se ve como positiva, considerando que podían peligrar los precios de los parques adjudicados en pasados llamados, desde el sector energético marcaron que todavía hay una serie de circunstancias a resolver de cara al desarrollo de las energías renovables en el país, más allá de los futuros proyectos que logren prioridad de despacho y se construyan en Argentina.
“La resolución da un paso en la dirección correcta de no afectar los contratos de energía renovable cambiando la estructura de costo artificialmente. Va en fase con las expectativas y es un esquema que busca ser taxativo y que no haya un mercado de transferencia de beneficios”, manifestó Marcelo Álvarez, miembro de la Comisión Directiva y coordinador del comité de Energía Solar FV de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).
“Aunque también tiene algunas limitaciones. Una de ellas será ver cómo se traslada el beneficio en aquellos proyectos donde una firma es la titular del contrato con CAMMESA pero otra entidad es la que hace la inversión, importación y construcción del parque, entre procesos”, agregó quien también es director de Nuevos Negocios de Coral Energía.
Asimismo, se podría condicionar el mercado del EPC en Argentina, teniendo en cuenta que, en muchos casos a lo largo del territorio argentino, hoy no se ejecutan parques con full EPC sino que el comprador financia y adquiere los componentes principales y el EPCista contratado realiza el resto.
Mientras que en materia de generación distribuida también existe cierta preocupación por la falta de su inclusión en la respectiva normativa o alguna donde se manifiesta su exención del pago del Impuesto PAÍS.
“Todos los que se dedican a ese segmento e importan insumos, sufren los costos de importación. Además, el precio relativo de la GD fue una de las que más aumentó internamente por la escasez de productos y problemas para importar, lo que explica el avance tan lento comparado con otros países”, planteó Álvarez.
“En la práctica, cuando se deja que los componentes que no están listados en los contratos mencionados y que van a parar a generación distribuida y MATER sin prioridad de despacho, terminan girando la cancha para un lado. Por lo que paciencia seguiremos trabajando para paliar la situación”, concluyó.