(Nota de Prensa 024_2017) – La administración provincial determinó incrementos de tarifas que oscilan entre el 50 y el 70% dependiendo del área de distribución. Incluye el servicio prestado por las cooperativas. Además, se incorporan nuevas categorías y se reduce la alícuota del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.
La provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento tarifario a los distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica, entre ellos las cooperativas, que comenzó a regir a partir de los consumos del 10 de mayo. El aumento promedia el 60% tanto para usuarios residenciales como en las tarifas generales que afectan a comercios; e incluye la suba del precio de la energía a nivel mayorista ya aplicado por el Gobierno nacional en febrero pasado.
Esta actualización tarifaria fue dispuesta a través de la Resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que aprobó el proceso de Revisión Tarifaria Integral iniciado en diciembre con las audiencias públicas y que regirá hasta el 30 de noviembre de 2017. Además, el Gobierno provincial prevé otro incremento a partir del 01 de diciembre, según explicita la resolución.
Esta medida abarca la distribución eléctrica en las denominadas áreas Norte, Sur, Atlántica y Río de La Plata que reciben el servicio a través de las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA, EDEN (todas propiedad del mismo grupo DESA – Desarrolladora Energética SA), la Usina de Tandil y las 199 cooperativas prestadoras de electricidad.
Además, la resolución provincial incorpora el “suministro electro-dependientes” al encuadramiento de Tarifa Social, como también crea una categoría específica para “Entidades de Bien Público sin fines de lucro”, en consonancia con los dispuesto a nivel nacional, aunque sujeta a la reglamentación que efectúe el OCEBA.
Finalmente, entre otras novedades, la norma establece la integración definitiva del área de concesión de EDELAP al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y reduce su alícuota general del 8% al 5%, en tanto prevé la creación de una “Reserva para situaciones críticas que impidan la prestación efectiva del servicio eléctrico de los distribuidores municipales”.
