(Iprofesional) – Una de las primeras medidas anunciadas tras el recambio gubernamental fue la redacción del anteproyecto para una ley de convergencia en telecomunicaciones. Pero tras casi dos años, nadie vio el texto y se empieza a percibir inquietud en la industria por la falta de definiciones.

Por Andrea Catalano – ¿Y si el anteproyecto de ley (de comunicaciones / telecomunicaciones) convergente nunca se redactó, nunca existió? ¿Qué fue lo que hizo efectivamente durante un año y medio la comisión a cargo de esa tarea? En momentos en que desde el Ministerio de Modernización se asegura que ese texto está en revisión y que hasta cambiaría lo de telecomunicaciones convergentes a agenda digital, los responsables de su elaboración aseguran, por su parte, que se trabaja en una norma que responda a los actuales tiempos digitales.

Las cosas no están claras. Desde los organismos reguladores aseveran que en los próximos meses habrán nuevos cambios en las normas vigentes, posiblemente a partir de otro DNU, resolución o similar. Si entonces ocurrirá todo esto, ¿habrá alguna vez una ley que aborde la convergencia?
Hay dudas sobre la existencia real de ese anteproyecto. En principio, porque, a excepción de los redactores, nadie lo conoce. Ni siquiera quienes participaron de las rondas de consultas, pese a los constantes pedidos para saber qué forma tomó y qué contenidos guardó ese primer esbozo.

Más que un anteproyecto lo que pareciera que existe es una acumulación de documentos en donde se volcaron las propuestas de las entidades, asociaciones, organismos, universidades y particulares, a los que se consultó durante un año y medio desde el ámbito de la comisión redactora a cargo de Silvana Giudici. Nada más.

iProfesional realiza esta afirmación en base a una serie de consultas que viene realizando desde hace varios meses, tomando como base el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública. Lejos de obtener detalles sobre el anteproyecto solicitados bajo esta norma, no fue posible conseguir respuesta concreta a preguntas concretas. Y se recibieron explicaciones de cosas que no se consultaron, y sobre las que no hay mayor conflicto, como la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital.

Lo efectuado por este medio también fue realizado por otros actores que, bajo la misma norma, realizaron pedidos a la mencionada comisión, con idénticos resultados: respuestas sin contenido concreto.

El pasado 11 de septiembre, esta periodista ingresó en mesa de entradas de Jefatura de Gabinete un pedido relacionado con el mencionado anteproyecto de ley. Y realizó seis preguntas relativas a:

-Regulación en relación a OTT y aplicaciones de intermediación

-Reformas tributarias

-Esquema de pagos de los prestadores TIC

 -Incompatibilidades de funcionarios en organismos de control y actividades privadas anteriores

-Convergencia de redes

-Interconexión

En los primeros días de octubre llegó la respuesta, firmada por Giudice, también directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Las preguntas sobre reformas tributarias, esquema de pago de los prestadores TIC e interconexión no fueron respondidas. Sí la de proveedores Over The Top (OTT), como Netflix, Spotify, Crakle o cualquier otro prestador de servicios on line mediante suscripción.

En la respuesta se informó que el 11 de julio de 2017 «se presentaron a los miembros de las organizaciones con actividades relacionadas los lineamientos sobre Servicios de Transmisión Libre (OTT- Over the top) incluidos en los documentos preliminares».

En ese marco, explicó que en base al principio 13 de los 17 elaborados por la comisión redactora antes del inicio del trabajo de consulta se introdujeron «previsiones que garanticen la prestación de los bienes culturales nacionales al tiempo que se incentiva el desarrollo de estas nuevas plataformas».

Esas previsiones refieren al cumplimiento de las normas relativas a protección de datos personales y a no discriminar entre aplicaciones y servicios de transmisión libre.

En la respuesta se señaló, además, que las distintas organizaciones que participaron de las rondas de consultas elevaron diversas propuestas para proteger a los bienes culturales nacionales y de producción audiovisual nacional. Y que ellas «deberán ser contempladas al momento de la redacción final del anteproyecto de ley».

A su vez, la coordinadora de la comisión redactora respondió que los puntos referidos a impuestos, tasas, incompatibilidades de funcionarios continúa en el marco del proceso «de debate y redacción participativa dentro de los plazos establecidos en la resolución N°601-E/2017».

Por medio de esa resolución, los plazos de consulta -que ya habían sido ampliados en 2016- se extendieron por 180 días más. Este tiempo corre hasta finales de noviembre, aseveró la propia Giudice la semana pasada, en una conferencia de prensa en el marco del Congreso Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) que se realiza en Buenos Aires hasta el próximo 20 de octubre.

¿Y dónde está el proyecto?

Si hasta ahora existían serias sospechas sobre la redacción real de un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes – cosa que parece haber quedado en evidencia tras el eco obtenido por esta periodista luego de hacer uso del recurso de la ley de acceso a la información pública- las respuestas obtenidas por los funcionarios públicos respecto de esta norma en el marco del mismo CMDT 2017 confirmarían aún más esta percepción.

Cuando se consultó a Giudici sobre la ley de telecomunicaciones, la respuesta, refrendada por Miguel de Godoy, presidente del Enacom, fue: «Es una ley convergente, no de telecomunicaciones». Se les preguntó, entonces, si iba a ser una norma sobre economía digital, y se insistió sobre la convergencia mientras se negaba que fuera de telecomunicaciones.

Las convocatorias que durante un año y medio realizó la comisión referían de forma contundente a una ley de comunicaciones. Y hasta hoy en la web institucional del Enacom el botón que lleva a la comisión redactora dice «ley de comunicaciones».

«El anteproyecto es una base más que importante sobre lo que se está trabajando. Siempre fue una ley convergente y va a incluir todo lo que sea convergente», dijeron los funcionarios en la mencionada charla con la prensa.

Si durante todo este tiempo no hubo detalles sobre lo que surgía y se plasmaba después de cada encuentro con las 78 organizaciones civiles que formaron parte de las reuniones participativas; si ante un pedido puntual sobre seis aspectos que, supuestamente, abordaría la nueva ley teniendo en cuenta que debía actualizar y unificar las leyes 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 Argentina Digital, además de incorporar temáticas nuevas, ¿qué fue lo que efectivamente se hizo en este tiempo?

¿Cuál es el resultado de semejante inversión de tiempo y, por ende, de dinero que ya superó el año y medio?

Hasta ahora, no resulta claro cuál fue el trabajo que desarrollaron, durante un año, los integrantes de la comisión, todos especialistas en el mercado. Porque si algo positivo tenía esa comisión era que reunía a expertos: al actual secretario de Telecomunicaciones, Héctor Huici, el vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, a los miembros del directorio del Enacom, Heber Martínez y Alejandro Pereyra, al abogado Andrés Gil Domínguez, y al filósofo Santiago Kovadloff.

¿Esta comisión trabajó sólo para redactar, en sus inicios, los 17 principios que regirán la ley de comunicaciones convergentes, que ahora parece que ya no es de comunicaciones? ¿O no hay anteproyecto porque no hubo consenso final sobre lo que, supuestamente, se redactó?

Los comentarios en la industria de comunicaciones reflejan enojo respecto del nivel de desinformación respecto de ese borrador cuando pasó tanto tiempo. El desconocimiento sobre lo realizado -denunciado también por varios de los actores que participaron de las rondas consultivas- también deja de manifiesto especulaciones que se tejieron en este lapso: que la tarea de la comisión fue una especie de maniobra distractiva mientras, por otro lado, se tomaban decisiones a nivel regulatorio que fueron configurando al mercado de manera distinta.

Y, lógicamente, ante teorizaciones de este tipo aparecen las sospechas sobre los cambios que se introdujeron y que habilitaron a Cablevisión a entrar, por ejemplo, en el negocio de la telefonía móvil. Más allá de esto, lo cuestionable es que exista tanta vaguedad en las respuestas.

Consultas desde todos lados
Haber recurrido a la ley de acceso a la información pública para obtener detalles sobre el anteproyecto no fue una acción única ni mucho menos exclusiva de este medio. Hubo presentaciones previas de otros actores, personas que estuvieron directamente involucradas en la consulta, particulares, ONG y asociaciones.

Entre ellos, el diputado nacional Julio Raffo que, como respuesta, obtuvo una serie de notificaciones de traspaso de pedidos de informes de una dependencia a otra, sin lograr ningún dato específico y relevante.

Así lo manifestó el mismo legislador durante un Diálogo Abierto que se realizó en septiembre sobre la nueva ley de acceso a la información pública en el Senado. En ese ámbito sólo quedó claro que, si alguien quiere tener una respuesta concreta sobre el tema, «se debe hacer una denuncia penal por desobediencia. Pero eso es un cañonazo por un borrador», dijo el propio Raffo a iProfesional.

«Acá lo que está claro es que el Gobierno no cumplió con el mandato judicial de mostrar el proyecto», sentenció Raffo. Y esto es lo que parece haberse repetido en cada uno de los pedidos elevados a la comisión.

Desde la ONG Centro de Producciones Radiofónicas (CEPPAS) se efectuaron cuatro pedidos de informes. Tal como ocurrió con el realizado por este medio, las respuestas nunca respondieron a las preguntas realizadas. Cada una de ellas fue publicada en la web institucional de esa ONG.
¿Habrá alguna vez una ley -ya no nos atrevemos a ponerle un nombre- que ordene al mercado de las telecomunicaciones? No sólo que unifique la 26.522 y la 27.078 y las combine con el DNU 267, con el decreto 1340 y con todas las resoluciones que se emitieron desde 2016 hasta ahora. ¿O el mercado seguirá rigiéndose por futuros DNU?

En la industria nunca creyeron que sería posible contar con una norma discutida en el Congreso para el sector, según lo que vienen manifestando distintas fuentes desde hace más de un año en diversos ámbitos. Aunque sí se muestran expectantes en que las cosas terminen de ordenarse de alguna manera, bajo cualquier modalidad regulatoria, pero que aliente la inversión en infraestructura.

Por lo pronto, el trabajo de la comisión redactora no está claro. Menos en estos días en los que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en declaraciones a la agencia Télam, dijo que el proyecto de ley migraría hacia una agenda digital para incluir la temática del gobierno electrónico, entre otros aspectos.

«De comunicaciones convergentes vamos hacia un proyecto de ley que estará entre este y la agenda digital», dijo Ibarra en el marco del CMDT 2017. Y advirtió que aún se está discutiendo si la convergencia quedará plasmada «en una ley o en leyes, porque hablamos de infraestructura por un lado y por otro lado de contenido».

Más allá de cómo quede conformado ese futuro texto, la intención del Gobierno es presentarla al Parlamento «antes de fin de año o primer trimestre de 2018». ¿Será en ese momento recién cuando se devele el trabajo que, finalmente, habrá hecho la comisión redactora prácticamente desde que asumió la administración Macri? ¿Servirá el material recopilado para esa futura ley? Las respuestas están en poder de la comisión redactora, del Gobierno, pero lamentablemente no las da.