(Tiempo Argentino) Enfrentan un escenario complejo, tanto por el desbarajuste de los precios energéticos mayoristas como por la imposición de condiciones por parte de los monopolios de la comunicación.
En julio de 1995, la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas) proclamó al primer sábado de julio el día para reconocer a las cooperativas, un modelo privado de negocios que se vale del sostenimiento solidario de sus socios y de la distribución y reinversión de su excedente.
En el marco de un proceso inflacionario que podría superar el 80%, sumado a la poca criteriosa y transparente fijación de precios de los monopolios de servicios esenciales, las cooperativas cobran fuerza en el plano económico, a los ojos de una sociedad que demanda claridad en las reglas de juego.
Aunque el modelo cooperativista marca presencia en diversos rubros productivos y de servicios en la Argentina, las unidades dedicadas a la distribución energética y de servicios de telecomunicaciones mantuvieron un rol protagónico bajo el escenario pandémico y las necesidades básicas que representaba quedarse en casa. Sin embargo, pasado el peor momento de la propagación del Covid-19 y vacunas mediante, ambos sectores mantienen enrevesados desafíos que comprometen la provisión de sus servicios esenciales.
A nivel nacional, hay unas 600 cooperativas eléctricas que tienen casi 2 millones de usuarios y una población servida de casi 8 millones de habitantes. En la provincia de Buenos Aires, toda la prestación del servicio eléctrico está dada por cuatro empresas de lucro, que hoy pertenecen al mismo grupo económico, y 200 cooperativas. El detalle es dado por Fabricio O’Dwyer, secretario de Relaciones Institucionales de Fedecoba. Destacada es la presencia en el ámbito rural, donde «más del 80% de las redes de electrificación son cooperativas, posibilitando encadenamientos productivos y desarrollo local con valor agregado».
Subas autorizadas
El contexto bélico internacional, que dispone un encarecimiento de la energía sin límite a la vista, no las excluye de las problemáticas que genera en las finanzas y en las de sus propios usuarios. Desde el 1 de junio, las provincias han comenzado a autorizar la actualización del valor mayorista de la energía eléctrica que aprobó el gobierno, demandado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avalado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Esto aplica a distribuidoras y cooperativas eléctricas.
Desde la gestión de Axel Kicillof contemplan que la tarifa residencial tendrá un aumento promedio del 14% adicionado al incremento promedio del 22%, aplicado en marzo. Pese a esta actualización, O’Dwyer admite que «los ingresos no son suficientes para mantener los costos operativos, hay deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y proveedores provinciales».
Los últimos datos reflejan un déficit con Cammesa de $ 370 mil millones por las facturas impagas que deben tanto operadoras privadas como estatales del servicio eléctrico a nivel nacional. El 20% se atribuye a las deudas de las eléctricas bonaerenses, es decir, casi $ 70 mil millones. «Se están dejando de hacer las inversiones que corresponden o se afrontan con el aporte de capital de la propia comunidad, por eso se reclama por una recomposición del valor agregado de distribución, o sea, los costos que contemplan las distribuidoras (salarios, infraestructura, insumos, etc.)», reclama el integrante de Fedecoba.
Luis Usero es gerente comercial del servicio eléctrico de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, la más grande que tiene La Pampa. Entre la ciudad capital y otras siete localidades, comercializa el 40% de la energía en la zona pampeana. Además, desde el año 2000 incursionó en el rubro de las telecomunicaciones. Si bien asegura que es una de las pocas que «mantienen sus deudas con Cammesa al día», porque «no deben llegar a cinco» las que cancelaron los pagos, reconoce que esta etapa de variación de precios «es muy importante». Solo entre abril y mayo sufrieron un alza en los precios de la energía del 67%, porcentaje que no trasladaron en su totalidad a las facturas. «Tenemos una caja única, de donde salen los recursos para pagar a los proveedores, pero la discusión de fondo nunca la damos: ¿cuánto sale el gas en boca de pozo? Queremos el precio justo», afirma Usero.
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), no solo mantiene un escenario más pesimista, sino que además alerta un deterioro en la relación cooperativista-usuario, vínculo que supone ser más contemplativo en este tipo de organización de los negocios. «Todas las cooperativas están en crisis debido a la alta tarifa que se creó, se les está haciendo muy cuesta arriba sostenerse. Además, a los servicios les falta inversión, hay problemas de infraestructura y eso genera mucho enojo de la gente con el servicio público; la relación ha perdido esa sinergia, las autoridades eran elegidas por el pueblo», lamenta.
Las telecomunicaciones son clave
Otro sector donde la presencia del cooperativismo es clave ante la ausencia del Estado o el poco interés del mercado en zonas pequeñas es el de las telecomunicaciones. La pandemia puso de relieve que la brecha socioeconómica también se refleja en el acceso a la conectividad, aunque a lo largo de los años se evidenció un avance para revertirlo. Un informe de la Serie Estudios Situados de Conectividad, de la Universidad Nacional de La Plata, revela que las prestadoras de la economía social en telefonía y TIC (tecnologías de la información y la comunicación) casi que se duplicaron en los últimos 20 años: de 274 cooperativas registradas en 1999, llegaron a 547 hacia fines de 2020, distribuidas en 20 provincias.
La democratización de las telecomunicaciones que consiguen las cooperativas al federalizar el servicio se ve trastocada por el incumplimiento del DNU 690 por parte de las grandes prestadoras, que no respetan los aumentos autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Diego Bossio, titular del informe, cree que «hay una tensión de facto que lograron las grandes telefónicas al judicializar el Decreto 690» y que el entramado multiactoral (Arsat como empresa pública y mutuales, cooperativas y asociaciones) para tender fibra óptica «no existe en otras partes de la misma manera». Por eso, reducir el mercado de la conectividad «perdería muchísimas posibilidades de organización alternativa para poder dar este servicio que llegue, por lo menos, a un millón de habitantes del país, si no más.»
Para pensar sobre la dimensión que puede tomar la articulación cooperativista, Usero asegura que «donde hay cooperativas de telecomunicaciones, las tarifas de Clarín son más baratas», tal como sucede en Santa Rosa, La Pampa. «Cuando no hay competencia, no se aplican las reglas de mercado. ¿Por qué no pensar en un mismo modelo a nivel nacional?», concluye el gerente. «
