La distribuidora Edenor, empresa que controla Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, está al borde de seguir los pasos de otras compañías del sector –como Edesur y Edelap– y caer en default a fines de este mes o a más tardar en noviembre próximo. Los recursos que le ingresaron tras la cancelación por parte del Gobierno de una deuda por subsidios a barrios carecientes bajo su área de concesión y la venta de la distribuidora de Salta se estarían terminando en el corto plazo y, de no haber modificaciones en los esquemas de costos actuales, Edenor se sumaría al pedido de financiación a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que ya realizaron otras distribuidoras.

Caída en esta situación, con un complicado flujo de caja, la primera obligación que cancelaría la distribuidora sería la de los bonos, mientras buscaría negociar los pagos con Cammesa.

La situación de Edenor no es nueva y está en línea con la crítica situación que atraviesan todas las empresas energéticas. Desde el sector privado aseguran que el congelamiento de tarifas con un alza permanente de costos terminó por ahogarlas en una crisis económica y financiera de la que no pueden salir. Así lo dejaron asentado cada una de las compañías en sus informes que elevaron a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al presentar sus balances.

De hecho, Edenor reportó pérdidas por $348,6 millones durante el primer semestre del año, con lo cual triplicó su rojo de $88,9 millones del 2011. De acuerdo con esos datos, el patrimonio neto de la compañía ascendió a $1.131,8 millones al 30 de junio último.

A principios de agosto pasado, Edesur también presentó su balance semestral, en el que reportó un resultado negativo de $279,5 millones entre enero y junio pasados, 164 por ciento por encima de los $105,7 millones del mismo lapso del 2011.

Más allá de la crisis que atraviesan, todas las empresas del sector aguardan los avances que puedan darse en el mercado tras la intervención por parte del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que las citó hace un mes. En ese momento el equipo del funcionario tomó nota de los planteos de las compañías y se inició un proceso de información por parte de las generadoras, transportistas y distribuidoras hacia el Estado. Sin embargo, cuestionan que aún no se tomó ninguna definición que pueda darles un poco de aire.

Cuando se reunió con los directivos de las empresas del sector de energía eléctrica, Kicillof despejó dudas respecto de una ola de estatizaciones y adelantó que el Gobierno elabora un plan para revertir la crítica situación que atraviesan.

La expectativa de los privados está centrada en la postergada modificación tarifaria, aunque no cesan de circular versiones sobre una reestatización, desmentidas por Kicillof en aquel encuentro con los directivos de las empresas. En ese entonces, les aseguró que el Estado garantizará la rentabilidad de las compañías, pero controlará inversiones y servicio.

Mientras tanto, es Cammesa la que afronta el mayor desafío, al tener que definir los pedidos de financiación de trece distribuidoras del país, que acumulan deudas millonarias con la administradora mayorista del mercado. Edelap es la más complicada, con una financiación caída y una solicitud de reestructuración nueva por unos $140 millones.

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de números de clientes y de electricidad vendida y la última de las más grandes en caer en default. Brinda servicio en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, a una población de aproximadamente 7 millones de habitantes.

Las gasíferas, también complicadas

La situación financiera y económica crítica no es exclusiva de las empresas del sector de energía eléctrica; las gasíferas atraviesan una crisis similar, con la diferencia de que aún no fueron citadas por el Gobierno, aunque estaba prevista la convocatoria para mediados de septiembre pasado.

Metrogas, controlada por British Gas e YPF, es la más complicada. Con un concurso preventivo levantado en junio pasado, cuando los acreedores aceptaron la reestructuración presentada por la compañía, Metrogas está intervenida por el Estado y hace apenas unos días informó que extenderá los plazos de pago a sus proveedores. Los compromisos que vencían en septiembre los abona en dos cuotas, en ese mes y en octubre, y los que vencen en octubre los posterga para los próximos meses.

La mayor distribuidora de gas registró en el primer semestre del año una pérdida neta de $55,7 millones, un 214,3 por ciento mayor que la obtenida en igual período del 2011.

Por su parte, Camuzzi entre enero y junio últimos reportó una pérdida operativa de $47,4 millones, frente a los $13,8 millones de igual lapso del 2011.