El 11 de marzo, tras la presentación de sus resultados de 2012, Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país, provocó un profundo silencio por unos segundos entre los empresarios del sector energético. Sus números indicaban que el año pasado había perdido nada menos que 1016 millones de pesos .

La cifra desnuda la situación general de las compañías de servicios públicos de gas y electricidad, definida entre analistas del sector como la peor en por lo menos 15 años: en 2012, todas ellas vieron crecer ampliamente sus pérdidas respecto de 2011. Para Edenor, por ejemplo, significó el mayor quebranto de su historia, y para Camuzzi Gas Pampeana , que lo cuadruplicó, quedar definitivamente en venta.

Difícilmente Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, grupo controlante de Edenor, haya pensado que su nave insignia llegaría a esa situación cuando, en 2005, le compró la empresa a la francesa Electricité de France. Por aquellos días visitó en varias ocasiones al entonces presidente, Néstor Kirchner, en su despacho de la Casa de Gobierno, y hasta logró avanzar en un acuerdo para una revisión integral de la estructura de tarifas, algo que nunca se cumplió por completo.

Ocho años más tarde, su empresa es el mejor exponente de la decadencia de los servicios públicos durante el kirchnerismo: no sólo arroja un rojo que impacta en el patrimonio de sus accionistas, sino que incumplió con los pagos a Cammesa (la administradora mixta del mercado eléctrico) por falta de fondos y sufre quejas constantes de sus abonados por los cortes de luz.

La otra distribuidora del área metropolitana, Edesur , tuvo pérdidas por 801 millones de pesos, 70 % más que en 2011, mientras que Edelap, la distribuidora de La Plata, que pasó a la órbita de la gobernación de Daniel Scioli en noviembre de 2011, anotó un rojo de 221 millones, 60% más que en el ejercicio anterior.

El ánimo entre las empresas gasíferas no es mejor. Metrogas, la distribuidora más grande del país y una de las líderes en la región, perdió el año pasado 134% más que en 2011.  Metrogas, que pasará a manos de YPF, está además acosada por la convocatoria de acreedores.

Camuzzi Gas Pampeana, que presta servicio en el sur del país, registró pérdidas por 48,1 millones de pesos el año pasado, casi cuatro veces más que en 2011. La empresa está en venta. El Citibank tiene el mandato para ofrecerla entre empresarios con intereses en el sector energético, algo que ya comenzó a hacer. Hasta ahora, sin embargo, no tuvo respuestas positivas.

El manto de pérdidas alcanzó a Gas Natural Fenosa (ex Gas Ban) en 2012. Entre las grandes, la empresa era la única que tenía números azules en 2011. Su suerte cambió el año pasado: anotó un rojo de 2,4 millones de pesos y se sumó a la suerte del resto.

En las comunicaciones que hacen las empresas a sus inversores y accionistas, donde la obligación de decir la verdad sobre su negocio es más fuerte que el temor a las represalias del Gobierno por criticar la política oficial, todas señalan a un culpable: la demora en los ajustes de tarifas en un contexto de alta inflación, en el que salarios y costos operativos se orientaron al alza.

El presidente de Edenor, Ricardo Torres, lo expuso en su mensaje a los accionistas que acompañó los últimos resultados: sostuvo que el año pasado «se caracterizó por ser un período de serias dificultades económicas y financieras como consecuencia del congelamiento tarifario y del continuo incremento de los costos que afectaron nuestra actividad».

Según Ariel Casarín, profesor del IAE, éste es el momento más crítico de las empresas de servicios públicos en los últimos 15 años por motivos que a su juicio son obvios. «Desde hace diez años tienen el mismo nivel de tarifa y los costos han aumentado. Es interesante comparar la situación local con la de los países limítrofes. El que se fue de vacaciones a Uruguay volvió sorprendido con lo que pagó de luz. Al que visitó a un amigo en Chile le pasó lo mismo por el gas. El industrial argentino que compite con uno brasileño sabe que paga menos, incluso después de la baja en los precios que ordenó Dilma Rousseff. En algunos casos, las diferencias son de 5 a 1. En la Argentina tenemos precios irreales en muchas cosas. Eso explica los números de las empresas.»

Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y crítico de la gestión oficial, es incluso más tajante. «Las empresas nunca estuvieron en este estado tan desastroso tanto en lo que hace a resultados como a la situación de deterioro patrimonial, ni cuando eran empresas del Estado, entre 1960 y 1990, ni cuando fueron privatizadas.» A su entender, están «técnicamente en cesación de pagos. No pueden pagar la energía ni los sueldos. En este contexto, se retrasa la inversión, se deteriora la calidad del servicio y aumentan los subsidios del Tesoro. El Gobierno no puede arreglar esto en el tiempo que le queda hasta 2015».

Las empresas han recorrido un largo camino hasta llegar a la situación actual. Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, no se les otorgaron ajustes en las tarifas para que los usuarios pudieran utilizar esos fondos para volcarlos al mercado, con lo que se estimulaba el consumo. En el caso de las industrias, se trataba de una especie de subsidio cruzado que mejoró los costos del sector productivo. Kirchner consideraba que las prestadoras estaban en condiciones de hacer ese esfuerzo porque, a su criterio, en los 90 habían hecho buenos negocios.

Más tarde, cuando el gobierno de Cristina Kirchner quiso remediar la situación, se lo impidieron los usuarios y las asociaciones que los representan. Según las empresas, eso se debió a la falta de tolerancia de los usuarios y a la manera un tanto desordenada de aplicar los ajustes que decidió el Gobierno.

En noviembre de 2011 se buscó otra alternativa que quedó trunca. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el vicepresidente, Amado Boudou, anunciaron la quita paulatina de subsidios a los consumidores, un paso necesario para subir las tarifas. Pero el procedimiento se interrumpió a los pocos meses sin explicaciones.

El escenario llevó al Gobierno a emitir, en noviembre pasado, una señal para recomponer la situación. Aplicó un cargo fijo variable de acuerdo con el tipo de consumo a los usuarios de gas y electricidad, que parte desde los 4 pesos por factura y está afectado a las inversiones que deberán hacer las empresas.

Tanto en el sector eléctrico como en el gasífero creen que en los próximos días el Gobierno anunciará otra medida similar. Aunque no se trata específicamente de un aumento de tarifas, implica un gasto mayor para los usuarios.

El economista Fausto Spotorno, del estudio Ferreres & Asociados, coincide con la mayor parte de los analistas en que la crisis del sector se debe a que «las tarifas nunca se ajustaron». Pero señala otro punto: con los años, se han ido diluyendo los sistemas de regulación, algo que también tiene que ver con las tarifas. «Hoy el Gobierno controla todo, pero igual puede hacer muy poco sin ajustes de tarifas. El sistema regulatorio anterior sólo tiene sentido si los precios reflejan los costos, algo que no ocurre. Al menos con el decreto 1277 del año pasado, que no es tan bueno como lo anterior pero establece un marco, fija un nuevo punto de partida. Eso es algo positivo.»