Lejos de resolverse, tal como lo había prometido el Gobierno a mediados del año pasado, la crisis que atraviesan las empresas energéticas de servicios públicos se sigue profundizando este año. El caso mas paradigmático es el de Edesur, la distribuidora eléctrica del grupo español Endesa, que reportó pérdidas por $ 378 millones entre enero y marzo pasados. O lo que es lo mismo, $ 4 millones diarios.

Si bien los resultados negativos son coherentes con los balances que viene presentando desde hace ya varios años, la cifra revela un incremento de 170% con respecto al primer trimestre de 2012, cuando había informado pérdidas por $ 140 millones.

Con este panorama, fuentes del sector consultadas por El Cronista estimaron que la compañía va camino a superar el rojo de 2012, que alcanzó los $ 801,6 millones. En 2011, había perdido $ 470,4 millones, y otros $ 52,7 millones en 2010.

Si bien en el comunicado que Edesur envió a la Bolsa de Comercio ayer no se especifican las razones que explicarían este nuevo resultado negativo, está claro que son las mismas que vienen padeciendo todas las compañías energéticas y gasíferas del país.

Esto es, congelamiento de tarifas por más de una década, constante aumento de los costos, incluyendo los laborales, y falta de respuesta por parte del Gobierno a la readecuación de los contratos de concesión o a un incremento de los subsidios para poder recomponer la situación. Estos reclamos se profundizaron el año pasado, cuando el viceministro de Economía, Axel Kicillof, prometió mayor protagonismo del Gobierno nacional en el sector eléctrico, que hasta ahora sólo se tradujo en un rescate indirecto de Metrogas, a través de YPF.

Pero en el caso de Edesur, y también de Edenor, la otra gran proveedora del servicio domiciliario de electricidad del país, se encuentran en un virtual quebranto financiero y sin fondos para poder seguir operando sin resentir sus actividades.

Hasta ahora, las compañías vienen apelando a una especie de default con sus proveedores, a los que dejan de pagar o retrasan los cumplimientos para poder mantener la obligación de no dejar a ninguno de sus clientes sin luz.

“De mantenerse esta situación, las empresas verán agotadas sus fuentes de efectivo y podrían verse afectados entre otros aspectos el normal financiamiento y funcionamiento del servicio público concesionado y del sistema eléctrico argentino por culpa de la falta de respuestas del Gobierno”, advirtieron fuentes privadas del sector energético.

De hecho, recordaron que en los últimos tres años, las principales distribuidoras llevan acumuladas pérdidas por más de $ 3.000 millones. O lo que es lo mismo, pierden $ 2,7 millones por día. El 2009 fue el último período en el cual ganaron dinero. A partir de 2010 el panorama comenzó a ser desalentador y se fue profundizando.