“El contador volvió a cero pero ya está corriendo nuevamente.” Eso es lo que dicen en las dos megadistribuidoras de energía eléctrica minorista, Edenor y Edesur, y repiten un discurso que altera los ánimos electorales del Gobierno: “La única solución de fondo es tocar las tarifas. No hay otra solución”. En eso también coinciden fuentes de ambas compañías que, con sus déficits operativos financiados, son las encargadas de llevar la electricidad que consumen más de trece millones de personas en el área metropolitana.
El déficit operativo fue puesto en “cero” el mes pasado a través de la resolución 250 de la Secretaría de Energía, que autorizó a ambas empresas a sanear sus deudas con el Estado, vía el déficit provocado por el congelamiento de tarifas. Ese enfriamiento fue dispuesto tras la crisis económica y política de diciembre de 2001, que terminó con la dolarización de tarifas que se habían sostenido por más de una década. Y a partir del 2006, el Gobierno garantizó la rentabilidad de las empresas mediante el mecanismo de monitoreo de costos, que generó los créditos que la administración central permitió descontar: $2.238 millones de Edenor y $2.143 millones de Edesur.
“Con el régimen de compensaciones estamos bien y los balances contables están mejor pero no hay plata”, señaló a BAE Negocios una de las fuentes consultadas. Esa falta de liquidez fue la que obligó a las empresas a dejar de pagar la mitad de sus facturas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Parte de esa crisis de pago estuvo cifrada en las deudas que con las dos distribuidoras habían acumulado el Gobierno porteño, que lidera Mauricio Macri, y la gobernación bonaerense, que encabeza Daniel Scioli.
Desde la otra megadistribuidora, hicieron una apreciación similar pero advirtieron que esa situación empezará a modificarse en julio próximo, cuando el contador de deuda vuelva a moverse. “Cammesa sigue siendo la variable para financiarnos”, agregó a este diario al definir la relación que las distribuidoras están teniendo con Cammesa, que preside la economista Paula Español, ubicada allí por pedido de La Cámpora.
La situación en la que se encuentran las distribuidoras no es nueva. Tampoco que Cammesa se fue convirtiendo, en lo hechos, en su fuente de financiación, pero el problema es que aún no terminan de encontrar en el Gobierno una solución de fondo que no pase por el ajuste tarifario. Se trata de una medida que genera descontento en la población y que impacta directamente sobre el bolsillo.
“Nosotros no vemos otra solución que ajustar tarifas pero sabemos que en Economía están explorando distintos caminos. Eso también es un hecho”, indicó una fuente que mantiene relación con el Ejecutivo y conoce de cerca el mercado eléctrico. El otro hombre del sector energético consultado estimó que “que bajo este Gobierno no habría cambios en las tarifas” y, de alguna manera, convalidó la versión sobre la exploración de nuevos esquemas que eviten modificar la facturación.
