A principios de abril, cuando la Secretaría de Energía publicó la resolución 95, que estableció un nuevo esquema de precios para el sector de generación eléctrica, las empresas del sector se ilusionaron con recomponer sus delicadas finanzas, erosionadas en los últimos años por el congelamiento de los precios del mercado spot ordenado por el Gobierno. Las compañías de generación de energía -entre las que se destacan Pampa Energía, AES, Sadesa y Endesa- comenzaron en mayo a adherirse al nuevo régimen de precios establecido por la cartera que dirige Daniel Cameron, diseñado, en rigor, en base a un sistema de Costo Plus por el equipo del viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Descartaron, por ahora, realizar acciones judiciales para reclamar al Estado por el repetido incumplimiento del marco vigente. Así lo exigía la resolución 95: para acceder a los mejores precios de la energía, las empresas deben rechazar cualquier reclamo en la Justicia. Sin embargo, lejos de empezar a mejorar sus ingresos, las eléctricas sufren cada vez más demoras para cobrar lo correspondiente por la venta de energía a Cammesa, la empresa que administra el mercado.
A mediados de junio las generadoras sólo cobraron un 55% de la factura vendida en febrero, que debían recibir el 15 de abril. «Recién el 27 de mayo nos depositaron un 10% de lo que teníamos que cobrar a mediados de abril. Y la semana pasada, nos pagaron hasta el 50%. Es decir, dos meses después de lo programado sólo recibimos poco más de la mitad de nuestro pago», cuenta un alto ejecutivo del sector, que incluso menciona la posibilidad de prorrogar el pago de sueldos al personal por falta de fondos.
La respuesta que recibieron de Cammesa no fue alentadora. «Nos dijeron que no hay dinero para pagar completa la factura porque las distribuidoras (que compran la energía que luego venden a usuarios residenciales, comerciales y algunos industriales) no están pagando buena parte de lo que deben», expresó otro directivo del sector.
Cadena interrumpida
La cadena de pagos del negocio eléctrico está interrumpida. Cada segmento sufre por la falta de ingresos para cubrir sus costos operativos. Edenor pierde a razón de $ 2,5 millones diarios por ese motivo. La piedra angular del déficit es la misma y tiene que ver con el congelamiento de las tarifas residenciales de Buenos Aires, que data de la devaluación de 2002 y no permite que el sistema recaude lo que realmente cuesta generar, transportar y distribuir la energía.
Desde mediados del año pasado, las principales distribuidoras -Edenor, Edesur y Edelap- empezaron a discontinuar el pago de la factura de compra de energía a Cammesa. Edenor, controlada por Pampa Energía, fue la primera al abonar un 50% de la boleta de octubre de 2012. El resto de las distribuidoras la siguieron poco tiempo después. A raíz de eso, la empresa administradora de energía -que por estatuto debería funcionar como un organismo mixto, integrado por el Estado y los privados, aunque en la práctica responde a los designios del Gobierno- no cuenta con el dinero suficiente para hacer frente a sus obligaciones. «Cammesa debía pagarnos $ 10 millones más IVA el 15 de abril, pero sólo nos depositaron $ 4,5 millones», lamentan en una generadora.
In crescendo
Los números de los mayores jugadores del segmento de generación eléctrica dan cuenta del deterioro. Endesa Costanera y Central Puerto, las dos principales termoeléctricas, registraron fuertes pérdidas en 2012. La primera anotó un rojo de $ 454,1 millones, no sólo por el deficitario resultado operativo (-$ 214 millones), sino también por los costos financieros que debió afrontar la compañía controlada por la italiana Enel, que carga con un importante pasivo superior a los $ 2200 millones. Por ese motivo, Endesa cerró el año con un patrimonio neto negativo de 340,9 millones de pesos. En tanto que Central Puerto -propiedad del grupo Sadesa- perdió $ 30,1 millones en 2012.
«El segmento de generación se ha convertido en una especie de generación a fusión para el Estado. Por eso, la dependencia de la disponibilidad de recursos estatales es la que determina que haya o no producción de energía eléctrica», advierte Francisco Mezzadri, ex presidente de la norteamericana CMS y actual consultor de energía. «El problema es que el Estado cuenta con cada vez menos recursos, por lo que la operatoria del sistema se está deteriorando», agrega.
En el área de distribución, la realidad es similar. Las tres grandes distribuidoras -con Edenor y Edesur a la cabeza, y Edelap un tanto por detrás- acumularon pérdidas por más de $ 2000 millones en 2012. Edenor, la mayor empresa del sector, controlada por Pampa Energía, registró un rojo de $ 1016,5 millones. En tanto que Edesur (-801,6 millones) y Edelap (-221,6), también sufrieron los embates del deterioro tarifario y el aumento de los costos operativos del servicio.
Más parches
La precariedad de la caja de las distribuidoras -que incluso dependen de aportes del Estado para consolidar los aumentos salariales exigidos por Luz y Fuerza- obligó al Gobierno a descomprimir parcialmente mediante una resolución de la Secretaría de Energía firmada en mayo. En rigor, un día después de que Edenor anunciara los resultados económicos del primer trimestre, que arrojaron un patrimonio neto negativo por $ 92,25 millones y obligaron a la CNV a suspender la cotización de la empresa en la Bolsa, la cartera que dirige Daniel Cameron publicó la resolución 250, que autorizó a las dos grandes distribuidoras a compensar las deudas contraídas con el Estado a través de las acreencias a favor de los privados provocadas por el congelamiento tarifario.
La medida habilitó a Edenor a cancelar una deuda de $ 1483 millones por la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE), -en 2007, el Gobierno permitió a la compañía utilizar el dinero cobrado a los usuarios por excederse en su consumo para pagar gastos corrientes-, con lo cual oxigenó la situación patrimonial de la distribuidora. Lo propio hizo con Edesur por $ 1285 millones. Para eso, Energía calculó las acreencias que acumularon las distribuidoras por mantener invariantes las boletas de luz, dado que desde 2006 se dejó de realizar el Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), establecido por la ley para garantizar la rentabilidad de las empresas. Por ese concepto, Edenor reunió un crédito a favor por $ 2237 millones. Y Edesur, a uno por $ 2144 millones.
Además, con los saldos excedentes, las empresas podrán cubrir deudas con Cammesa por la compra de energía, dado que a mediados del año pasado las distribuidoras dejaron de pagar la factura de la administradora del mercado eléctrico por la endeblez de sus finanzas.
Aún así, en la industria advierten sobre la imposibilidad de las empresas privadas para encarar las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico. «La mayoría de las compañías está prácticamente quebrada, con una situación de desfinanciamiento muy fuerte. Hasta el Estado se tuvo que hacer cargo de pagar el aumento de salarios», cuestiona Mezzadri. Según los números que maneja el consultor, de cara a reconstruir el segmento de generación de energía, se deberían desembolsar u$s 4000 millones anuales para construir nuevas centrales. «Para recuperar la confianza en el sistema, hay que instalar no menos de 1500 megawatt (Mw) de potencia por año, bastante más de lo que se está construyendo en la actualidad», precisa Mezzadri.
Jorge Lapeña, ex secretario de Energía del alfonsinismo, señala que en la última década la demanda de energía se expandió a razón de un 5% por año. «Pero en un sector que prácticamente está quebrado, con empresas cerca de la cesación de pagos y muchas de ellas con patrimonios netos negativos, por lo que no son sujetos de créditos, no es probable que los privados puedan realizar las inversiones necesarias para ampliar la oferta del suministro eléctrico», analiza ante WE.
Desde 2004 a la fecha, un 70% de las inversiones concretadas en el negocio de generación eléctrica -añade- corrieron por cuenta del Estado nacional. «Pero las obras no son suficientes. De ahí el paulatino deterioro de las redes de distribución y la consolidación de cortes frecuentes en el abastecimiento», cuestiona Lapeña.
De acuerdo con los cálculos que circulan en el sector, para optimizar las redes de distribución de Capital Federal y el conurbano bonaerense, las dos grandes empresas del área metropolitana deberían invertir u$s 300 millones anuales durante los próximos cinco años. «Pero si no se actualizan las tarifas residenciales es casi imposible financiar esos montos», admite el gerente comercial de una distribuidora.
Subsidios en alza
La decisión de mantener invariantes las boletas de luz provocó, como correlato, un alza constante de los subsidios estales que, según un informe de Ecolatina, treparon hasta los casi $ 32.000 millones durante el primer cuatrimestre; 57% más que en igual período de 2012.
El fuerte crecimiento responde básicamente a la imperiosa necesidad oficial de atender al cada vez más grande déficit energético. Las importaciones en gas y combustibles son récord (demandan a razón de u$s 1000 millones mensuales) debido a la gradual pérdida de autoabastecimiento en materia de hidrocarburos. Justamente, el miércoles pasdo se conoció la noticia de que el Gobierno se vio forzado a ampliar el presupuesto en $ 12.000 millones para seguir financiando la compra de combustibles y los subsidios a la electricidad.
Según Ecolatina, las compensaciones a las empresas energéticas recibieron un 60% del total de los subsidios económicos. Demandaron, en conjunto, $ 17.262 millones hasta abril, con una suba interanual del 76 por ciento.
Las transferencias a Cammesa, encargada de comprar los combustibles para las usinas eléctricas, se incrementaron 105% en los primeros cuatro meses de 2013, mientras que los giros a Enarsa -que solventa la importación de gas- crecieron un 47%. A su vez, también se incrementaron las subvenciones al Ente Binacional Yaciretá (+914% interanual) y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (+244%).
Jugada judicial
Frente a ese escenario, Edenor está preparando, en la más estricta reserva, una demanda judicial para reclamar una indemnización millonaria por el incumplimiento del Acta Acuerdo suscripta por la empresa con la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios), en noviembre de 2006, que está asentada en el decreto 1957/2006 del Poder Ejecutivo.
Ese documento debía sentar las bases de un nuevo ordenamiento de las tarifas residenciales de las distribuidoras. Sin embargo, el Gobierno evitó actualizar los precios de la electricidad en el área metropolitana, situación que deterioró de forma alarmante las finanzas de la empresa controlada por Pampa Energía. Por eso, si bien la resolución 250 de Energía exige a las eléctricas que desestimen la presentación de cualquier reclamo judicial, en Edenor siguen evaluando las alternativas legales para proteger a sus accionistas. Con todo, la decisión de reclamar en la Justicia una suma millonaria -más de $ 1000 millones- todavía no está tomada.
«Los accionistas temen por las represalias políticas que pueda llegar a tomar el Gobierno», advirtieron allegados a Edenor.
