Quitar la concesión
Por Rodrigo López *
Las crónicas de los cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires conviven con el machaque de algunos medios sobre la necesidad de quitar los subsidios al sector eléctrico. Ellos tendrían la culpa por no permitir el natural mecanismo asignativo del mercado. Lamentablemente, la bibliografía mundial sobre el tema prueba sobradamente que la elasticidad precio de la demanda de electricidad en las economías de todos los países es menor a la unidad, es decir, este tipo de servicio es esencial y su consumo se ajustará poco a una variación de los precios. Cuando los más reaccionarios exponentes del neoliberalismo criollo se hacen los campeones de la equidad distributiva es para sospechar. En realidad, esconden un objetivo fiscalista que, además de no tener sentido, pues el Gobierno puede financiar sus gastos en pesos, tampoco implicará cambio alguno en la realidad del sector eléctrico.
¿Por qué crecieron los subsidios? Dadas las particularidades del sector (la oferta no puede producirse por anticipado y la demanda debe satisfacerse de forma inmediata sin mediar pedido previo), se necesita administrar los despachos, función que recayó en la empresa mixta Cammesa. Las generadoras vendían su electricidad a un precio, y las distribuidoras lo compraban a otro; las pequeñas diferencias las administraba Cammesa.
Desde los años noventa la solución al problema de la falta de generación se dio dejando que las inversiones privadas fueran consolidando una estructura tecnológica de base térmica (combustibles líquidos y gas), dado que dichas centrales son las más económicas y más rápidas de construir y que sus insumos no presentaban entonces valores elevados. A partir de la crisis internacional de 2007, el precio del gas subió de forma exponencial. La política de vaciamiento de Repsol agravó el problema. Hoy, la importación de combustible es una de los causales principales de la restricción externa y del crecimiento vertiginoso de los subsidios, pues la diferencia cada vez mayor entre el precio (alto) de los generadores y el precio (“congelado”) de los distribuidores la cubrió el Estado.
Los programas Puree y Pronure tuvieron la intención de trabajar sobre el uso racional, en el cual no se pide ahorro sino evitar el derroche. Pero amerita continuas campañas de concientización (la más exitosa fue la del recambio de lamparitas). También se intervino en la oferta a través de la inversión pública, mejorando el sistema de transporte interconectado nacional y realizando importantes obras en generación de base nuclear e hidráulica (Atucha II y Yacyretá).
La política de subsidios fue horizontal, pues había que salir rápido de la crisis, apuntalando la demanda agregada y permitiendo que las industrias fueran más competitivas. Esa política fue aplicada en el segmento de generación, por lo tanto se beneficiaron todas las provincias. Las diferencias regionales estuvieron en la distribución, pues los entes reguladores son provinciales. No obstante, los grandes usuarios de todo el país podían comprar energía directamente en el mercado mayorista, gozando del mismo privilegio que la zona metropolitana.
De todos modos, no es cierto que el Gobierno mantuvo los subsidios y las tarifas congeladas durante todo el período. Se fue buscando dotar de progresividad a la política, como prueban las aperturas de categorías en 2004 y en 2008, aplicando aumentos diferenciales tanto en baja, media y alta tensión (algunos superando el ciento por ciento). La mayoría de los residenciales no recibieron aumentos, dado el nivel de sus consumos. Sí es cierto que a partir de allí no hubo más aumentos, justo en los cinco años donde la inflación cobró más presencia.
En 2012 se quitó el subsidio a zonas residenciales más pudientes (barrios privados, torres, countries), y algunos sectores económicos (bancos, financieras, mineras, casinos) y se envió un cuestionario para avanzar con una quita para dotar de más progresividad al sistema. También se habilitó la renuncia voluntaria. En marzo de 2013, por medio de la resolución 95 del ENRE, se comenzó a ensayar un cambio en la forma de remuneración en la generación, en base a un análisis periódico de los costos, y el Estado pasó a centralizar la comercialización de energía a los grandes usuarios.
En eso estábamos cuando una racha de calor record evidenció la falta de inversiones de las distribuidoras y puso a muchos argentinos a vivir como en el siglo XIX. Dos semanas ya involucra la salud de las personas. La falta de reacción de las empresas siquiera para ofrecer paliativos amerita sin más el fin de la concesión y reordenar definitivamente el sector.
* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.
—-
Aumentar las tarifas
Por Santiago Urbiztondo *
Ante las significativas interrupciones en el suministro eléctrico en varias localidades del país durante las últimas semanas, particularmente extensas en Gran Buenos Aires, las explicaciones inmediatas son que hubo una excepcional ola de calor (que disparó la demanda y redujo la capacidad de las redes recalentadas) y que no se hicieron las inversiones necesarias para evitarlas. Obvio. No es tan claro, sin embargo, cuáles inversiones no se hicieron y por qué. La narrativa oficial apunta a la excepcionalidad climática y la irresponsabilidad de Edenor y Edesur, pero varios elementos señalan en otra dirección:
1- Años atrás (a fines de 2004) hubo olas de calor similares (aunque menos extensas) sin consecuencias importantes.
2- Las empresas hoy supuestamente inoperantes sí eran responsables hace diez años: en el caso de Edenor entre 2000 y 2012 se triplicó la duración de los cortes eléctricos por kVA instalado.
3- Más allá del deterioro de la distribución, la capacidad de generación hubiera sido insuficiente sin dichos cortes: estos afectaron aproximadamente a un diez por ciento de los usuarios residenciales en GBA durante varios días, pero la reserva de capacidad durante los días de mayor demanda de diciembre cayó debajo del seis por ciento.
Entonces, ¿los serios problemas de suministro observados tienen que ver con la política regulatoria de la última década? Sí. La política regulatoria, partiendo desde la Ley de Emergencia Económica que congeló precios y tarifas e intervino contratos en 2002, no ha hecho otra cosa que postergar aumentos tarifarios impopulares a costa de sacrificar la rentabilidad de las empresas privadas (o sus acreedores) y aumentar subsidios para financiar nuevas inversiones y costos operativos, incrementando drásticamente la discrecionalidad al distinguir entre inversiones viejas y nuevas, crear múltiples fondos fiduciarios, compensar sin reglas claras ni previsibles a quienes disciplina, etc. Teniendo en cuenta la inflación post 2001 acumuló casi 600 por ciento hasta aquí (medición propia), los aumentos nominales observados en las tarifas eléctricas (mayormente dirigidos a pagar la energía mayorista –y no a remunerar a las distribuidoras–) igualmente no evitaron una fuerte reducción en términos reales: tomando el caso de un usuario con consumo de 300 kwh/mes, las tarifas residenciales en GBA (incluyendo cargos fijos) cayeron 67 por ciento en términos reales (más que en el interior del país –43 por ciento las privadas y 61 por ciento las públicas en promedio–).
El resultado fue, como era de esperar, una contracción en la inversión privada y un crecimiento descontrolado de la demanda doméstica, sin consecuencias negativas visibles, mientras la capacidad excedente constituida con anterioridad no fuera sobrepasada. Aunque a algunos les parezca un discurso ideológico, en realidad es el ABC de la economía regulatoria, comprobable al observar la contracción de la producción de hidrocarburos (de YPF y del resto) y de la capacidad excedente de generación eléctrica (del 35 por ciento una década atrás al 6 por ciento mencionado), la proliferación (y uso intensivo) de aires acondicionados, la masiva conversión del parque automotor al GNC 10 años atrás, la fuerte reversión de la balanza comercial energética, etc. Más acá en el tiempo, el deterioro fiscal y la escasez de divisas (con cepo cambiario y emisión monetaria incluidos) alarmó a los no expertos, pero los recientes cortes de suministro a cientos de miles de usuarios por varios días fueron el golpe de gracia para un relato infantil. ¿O alguien hablaba de generadores eléctricos 5 o 10 años atrás?
Claramente, la política regulatoria post 2002 (profundizada desde 2004) es la responsable final del deterioro en el servicio eléctrico. Un servicio de calidad insume costos que deben ser pagados por la demanda (más allá de subsidios para la tarifa social o por cuestiones ambientales), con tarifas (y subsidios focalizados) que tengan niveles consistentes con esos costos y que sean previsibles para lograr atraer las inversiones involucradas (a ser amortizadas en muchos años). Los precios de la energía deben proveer las señales no sólo para invertir cuando se requiere más energía, sino también para bajar el consumo cuando su costo es altísimo (como lo es la energía importada y toda la producción marginal).
* Economista jefe de FIEL. Profesor titular de Regulación de Servicios Públicos, FCE-UNLP.
