Al término de la reunión, las partes se retiraron convencidas de que la «divergencia» se resolverá en los Tribunales ante la inminente respuesta negativa del gobierno a los recursos jerárquicos de las distribuidoras. Es más, el gobierno provincial entregó a las cooperativas la documentación que respalda su postura para que la lean y se convenzan de no avanzar en juicios.

Cónclave

La reunión se llevó a cabo ayer en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. El encuentro estaba previsto para las 18. Previamente, los cooperativistas se reunieron en la sede de Fepamco, la entidad que las nuclea, pero que no estuvo invitada formalmente al cónclave. Las entidades llegaron a la reunión con el apoyo de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) y la advertencia de la CPE de Santa Rosa respecto a que el propio gobierno nacional podría presentarse como querellante ante una posible demanda de las entidades al Estado provincial.

El medio centenar de dirigentes, representantes de unas veinte entidades, ingresó puntual al encuentro. Llegaron juntos, luego de congregarse en Fepamco. Jorge ingresó 15 minutos más tarde, junto a los ministros Jorge Varela, Obras Públicas; Abelardo Ferrán, Producción; y Ariel Rauschenberger, Coordinador; la asesora letrada de Gobierno, Daniela Vassia; el Fiscal de Estado, Alejandro Vanini; el Subsecretario de Cooperativas, Claudio Marrón; el titular de la APE, Carlos Sanz y la presidenta del BLP, Laura Gallucio.

Vélez Sarsfield

Tras casi tres horas de reunión, el dirigente de la cooperativa eléctrica de Miguel Riglos y presidente de Fepamco, Abel Argüello, destacó que la reunión fue importante para las cooperativas porque pudieron expresar libremente las graves problemáticas que atraviesan. Sin embargo, respecto a las columnas admitió que sólo les queda esperar el curso de los recursos jerárquicos que plantearon para rechazar la medida. «Se nos adelantó en cierta forma que el resultado de nuestras presentaciones será adverso. A partir de ahí se analizarán los pasos a seguir», dijo.

Jorge informó luego que puso a disposición de las entidades todos los antecedentes del litigio que hubo entre la Municipalidad de Santa Rosa y la CPE en 1999 para que lo estudien y tomen la decisión que corresponda. «Eso no es culpa de Jorge, sino de (Dalmacio) Vélez Sarsfield», dijo, en alusión al jurista que redactó el Código Civil. El mandatario se basa en un artículo de ese texto normativo para defender su posición respecto a que las columnas forman parte de la concesión de una obra pública que, por lo tanto, pertenece al Estado.

Canon

«Ellos sostienen que no las pueden poner en el activo. Ellos pueden poner la inversión pero la obra es del Estado. El titular de las columnas y de las políticas de control es el Estado. El concesionario la usa y la van cobrando a través de las tarifas», dijo. Explicó que las empresas que no son pampeanas, como las cableras privadas, deberán pagar un canon al Estado pampeano para utilizar las columnas, del cual no quedará un peso en manos de la provincia, puesto que será girado a la Fepamco para que, a su vez, lo distribuya entre las entidades.

Su postura viene siendo rebatida con énfasis por la CPE de Santa Rosa desde donde se aseguró que la aplicación de la cuestionada resolución del Ministerio de Obras Públicas sólo favorecerá a la firma Cablevisión, del Grupo Clarín, ya que pagará sólo la mitad del canon que debía tributar a la entidad previo a la puesta en vigencia de la medida. Ayer, la entidad santarroseña estuvo representada por su vicepresidente José Piatti, quien prefirió no realizar declaraciones y remitió la consulta a Argüello.

Reclamo ante Nación

Ante la imposibilidad de avanzar en un acuerdo en torno a las columnas, el gobierno y las cooperativas avanzaron en otros de los puntos que las entidades venían planteando al Ejecutivo. En ese contexto, el aspecto más importante fue el tarifario. «Queremos ir juntos a Buenos Aires para hablar del límite que hay para aumentar las tarifas, ya que eso haría bajar el subsidio (de Nación)», dijo. De producirse la visita conjunta a la Capital Federal, el interlocutor sería la Secretaría de Energía de la Nación. Allí también realizarían planteos más técnicos, como el referido al «peaje».

Jorge remarcó que cada vez que las cooperativas subieron los salarios de sus trabajadores, la Provincia aplicó las actualizaciones en las tarifas para permitir un equilibrio en las cuentas de las entidades. Sin embargo, recordó que, por una disposición de Nación, si hoy se produjeran subas de tarifas, las cooperativas sufrirían quitas en los subsidios y se verían más perjudicadas, con lo cual, la solución necesariamente requiere de una revisión de la medida adoptada en la Casa Rosada. «Esto urge y vamos a plantear el problema de La Pampa», dijo Jorge, independientemente, de la posibilidad de implementar un subsidio provincial para colaborar con las economías cooperativas.

Este punto fue destacado por Argüello. «El gobernador se comprometió a gestionar, tanto a nivel nacional como en reuniones con la APE, el tema de tarifas y subsidios para aquellas cooperativas que están pasando por situaciones problemáticas», dijo. Respecto a cómo calificó el cónclave, el dirigente afirmó: «Es altamente positivo el hecho de poder dialogar y así llegar a definir los pasos a seguir».