Una de las modificaciones anunciadas es la creación de tres nuevas entidades de autoridad de aplicación: la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, el Consejo Federal de Tecnología de las Comunicaciones y una ampliación de las funciones de la comisión bicameral creada por la Ley de Medios, que incorpora el tema de la tecnología y la digitalización.

Quien anunció las modificaciones al dictamen emitido sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones fue la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, la jujeña Liliana Fellner, quien informó que, de ser aprobadas, la iniciativa será tratada en la sesión de la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Las variaciones al texto original tomaron varios de los planteos realizados por pymes y cooperativas. Fellner explicó que las modificaciones «fortalecerán» a esas entidades en, por ejemplo, la redefinición del concepto de «poder significativo de mercado».

Además, la senadora criticó a quienes «decían que el oficialismo buscaba favorecer a las grandes empresas en favor de las pequeñas», aseguró que «esto no es así» y puso como ejemplo los préstamos estatales para que las pymes mejoren el tendido de cableado.

También valoró «el consenso» al que se ha llegado con la oposición, aunque el radicalismo adelantó que estudiarán la nueva propuesta.

El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, destacó los cambios producidos y declaró que se trata de «una política de Estado con un alto nivel de razonabilidad que trascenderá a cualquier gobierno».

El secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner, presente en la audiencia, dijo que con las modificaciones las pymes y las cooperativas estarán «en pie de igualdad con las grandes empresas para que tengan un precio regulado y no haya asimetrías regulatorias en ningún municipio».

El proyecto regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a Internet, la televisión por satélite y por cable. Además, define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.