Apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones sociales equitativas. El debate comenzó alrededor de las 20.30 y finalizó pasada la medianoche.

La Cámara de Diputados convirtió en ley, con el respaldo del oficialismo y sus aliados, el proyecto de Argentina Digital, que apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones sociales equitativas.

El proyecto fue aprobado en general por 131 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Solidario Popular, y el Frente por la Inclusión Social. En tanto, un heterogéneo grupo de bancadas opositoras conformadas por fuerzas políticas de centroderecha, radicales, socialistas, massistas y trotskistas reunieron 97 sufragios por el rechazo al proyecto promovido desde el gobierno.

La sanción del proyecto de Argentina Digital fue festejado por trabajadores del gremio de los telefónicos (Foetra) que se encontraban observando el debate en los palcos destinados a los invitados.

Tras casi cuatro horas de debate y tras la aprobación en general, el plenario de diputados en un trámite rápido realizó la votación en particular de cada uno de los capítulos que conforman esta estratégica iniciativa.

El debate del proyecto de Argentina Digital fue abierto por el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió la iniciativa, al señalar que con el mismo se pretende «profundizar este camino de justicia social con inclusión digital» y que «no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones».

Para el diputado por la provincia de Buenos Aires, en materia de telecomunicaciones «el Estado juega un rol importante, el papel de tener que regular el control del sistema, y a eso apunta esta legislación».

«El Estado debe jugar y no dejar todo en papel del mercado; porque la intervención del sector público es imprescindible porque los actores son muy grandes», aseveró el diputado oficialista.

Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Guibergia dijo que este proyecto «modifica peligrosamente las reglas de juego» y se quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV «evitó el debate».

En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que «es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones», pero se quejó de que «este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora» y dijo que «no va a generar competencia ni inversiones» y tiene «contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales».

Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció «vergonzoso el trámite del proyecto de ley» porque «los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder los representantes del pueblo incluir modificaciones».

El proyecto apuesta a garantizar la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los argentinos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas». Además tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.

Por ello, los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar. Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.

En otro sentido, se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de «Servicio Universal» que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país. Además, define como «servicio público en competencia» a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como «última milla» o «bucle local».

Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores. Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.

Esa repartición también definirá qué operadores deben «desagregarse de la red local» o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.

Además, el proyecto propone crear un Consejo Federal de las TIC. El proyecto permite a las telefónicas ingresar al sector audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital.

La AFTIC determinará plazos y localidades en donde las telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en las localidades más pequeñas.

Las telefónicas podrán dar televisión por cable, a través de las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay una obligación de interconexión «para y entre licenciatarios», a las tarifas que fije el Estado.

El proyecto establece que los licenciatarios de servicios TIC «fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables» pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación «por razones de interés público».

La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del servicio universal.

Finalmente, la AFTIC tendrá a su cargo el manejo de la empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.