La prórroga por otro año del acuerdo Nación-provincias que congela las tarifas de energía desató fuerte resistencia desde cooperativas eléctricas del interior, que denuncian que las moras en las trasferencias de fondos federales -prometidos por la Casa Rosada como contrapartida- las ponen al borde del colapso y la cesación de pagos.

El Programa de Convergencia Eléctrica -sellado ya por 16 gobernadores, incluído el bonaerense Daniel Scioli- apunta a mantener los valores tarifarios de 2013, a cambio de remesas de recursos nacionales para financiar obras para el sector.

Pero esos envíos sufrieron importantes demoras durante el año pasado y desataron malestar entre los mandatarios, algunos de las cuales -como el socialista Antonio Bonfatti (Santa Fe) y el peronista crítico José Manuel de la Sota (Córdoba)- se resisten a sumarse a la edición 2015 del programa impulsado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La recortada remesa de fondos impacta con especial fuerza en las cooperativas eléctricas, más frágiles financieramente que las empresas provinciales de energía.

Atadas de manos por el congelamiento tarifario, argumentan que se les hace difícil afrontar la prestación del servicio por el encarecimiento de los costos internos y los aumentos salariales.

Frente a este escenario, por caso, en La Pampa, el mandatario Oscar Jorge les prometió esta semana afrontar con fondos propios las deudas nacionales, horas antes de sumarse al lote de Ejecutivos que volvieron a congelar tarifas.

Pero la preocupación se siente además en otros puntos del país.

En esa línea, representantes de un centenar de cooperativas del interior bonaerense -son alrededor de 200 en la provincia- mantuvieron un encuentro el pasado martes en la ciudad de Azul, donde exigieron a los gobiernos nacional y provincial el pago en el corto plazo de fondos adeudados por cerca de $300 millones.

«De los 450 millones de pesos prometidos, sólo se recibieron alrededor de 100 millones», aseguraron.

Según los últimos datos promedio a nivel país, el 61 por ciento de la distribución de la energía queda en manos de entes de carácter provincial, mientras que el 11 por ciento se concreta por medio de entidades cooperativas y el resto se reparte entre grandes usuarios del mercado mayorista.