Una decisión del Gobierno a último momento le permitió a la distribuidora eléctrica Edenor cambiar algunos asientos contables de su último balance y evitar caer en una situación de patrimonio neto negativo, con lo que tendría que haber iniciado el proceso de liquidación de la empresa, según establece la ley de sociedades.

Tal es la debilidad del sector que el gesto oficial le permitió, además, evitar una eventual quita de la concesión.

El problema de las empresas de luz es tan conocido y documentado como la demora del Gobierno para resolverlo.

Sucede que el Gobierno siempre fue reticente a ajustar las tarifas de la mayor parte de los consumidores, con lo que los ingresos de las compañías se mantuvieron casi congelados en la última década. Pero sus egresos crecieron de manera exponencial de la mano de las recomposiciones salariales anuales y la inflación en general, que implicó un aumento en sus costos.

Edenor informó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus resultados del año pasado, en el que perdió 779,71 millones de pesos.

Si bien el rojo es enorme, es menor que los $ 1443 millones de pérdida que la empresa había anotado hasta el tercer trimestre de 2014.

La reducción se debió a la aplicación de un conjunto de resoluciones del Ministerio de Economía. Disponen que se le reconozca a Edenor un crédito de aproximadamente $ 2200 millones por los mayores costos derivados de su operación. Se trata de una vieja herramienta que data de las Actas Acuerdos de Renegociación Contractual suscriptas por el Gobierno con Edenor y Edesur a mediados de la década pasada. Contemplaban la aplicación de un mecanismo de monitoreo de costos (MMC) cada seis meses, algo que se usó esporádicamente por la negativa oficial a otorgarles a las empresas ajustes en sus tarifas.

La empresa no recibió plata en efectivo, pero al menos mejoró sus números a la vista de los inversores y las autoridades regulatorias.

Maquillaje fundamental

Un ejecutivo cercano a la operación cotidiana de Edenor lo definió como un cambio en un asiento contable. Sucede que las resoluciones le permiten a la empresa de Pampa Energía, que también tienen negocios de generación de electricidad y de transporte, descontar parte de la deuda millonaria que tiene con Cammesa.

Como el patrimonio neto se calcula mediante la diferencia entre el activo y el pasivo, la reducción del rojo con la administradora del mercado eléctrico le evitó entrar en un proceso de liquidación.

Algo similar le había ocurrido a Edesur a principios de año, cuando cerró sus balances, que arrojaron una pérdida de $ 1358 millones. Pese a eso, el Gobierno le dio $ 2054 millones, casi 26% menos que en el ejercicio de 2013.

En aquella ocasión, la empresa había asegurado que «el resultado negativo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 pone en evidencia que el margen de distribución percibido por la compañía es insuficiente para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del negocio». Esa declaración le valió el reto, al día siguiente, del entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El incremento de la deuda con Cammesa es una moneda de ajuste común entre las empresas de distribución de todo el país.

Hasta noviembre del año pasado, por caso, las empresas del sector le debían al Estado 18.350 millones de pesos por la energía que reciben y luego venden a sus clientes. Y ninguna tenía previsto reducir esa deuda con Cammesa.

La precaria situación en la que están las empresas eléctricas va mucho más allá de sus balances. Por la falta de fondos, tiene problemas para hacer obras en caso de que no las acepte el Gobierno, que maneja el giro de fondos. Y también requieren de la ayuda oficial para pagar los sueldos.