(Perfil) – Presentarán el nuevo precio de la energía para Capital y GBA. El ala técnica ya diseñó el esquema y ahora depende de Gabinete. Apuntarán también a reducir subsidios.
Pasaron la salida del cepo y la devaluación. El Gobierno se alista ahora a otro capítulo de la herencia económica: aumentar las tarifas eléctricas de la Ciudad Buenos Aires y el Conurbano. El anuncio llegaría en cuestión de semanas. En la cabeza de los técnicos que trabajan con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, hay dos ideas centrales: que los usuarios sientan en el bolsillo el gasto en electricidad y racionen su consumo, y que las empresas vuelvan a invertir. Si fuera por el ala profesional, las tarifas deberían subir cuanto antes. Pero hay tiempos políticos de por medio.
Más de dos millones de hogares del área metropolitana pagan menos de $ 30 por mes por la energía que toman de la red. Es decir, menos de un peso por día. Son residenciales que consumen 300 kilowatt por hora (kWh). Representan casi la mitad del universo total de usuarios cubiertos por Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras de la Argentina. En concepto de cargo fijo abonan apenas $ 4,46 por bimestre, según el cuadro tarifario actual, que se mantuvo congelado desde 2001.
Aranguren confirmó que en los primeros dos meses de 2016 se definirán los incrementos de las facturas de luz de la zona metropolitana, que paga tarifas tres o cuatro veces más baratas que en el interior del país. Aunque no precisó detalles de cuánto aumentará la electricidad, se sabe que el primer salto será significativo. Hay quienes hoy pagan $ 60 por bimestre, y tendrán aumentos de entre el 200 y el 500%. Más del 80% de los alcanzados son hogares, y el resto, industrias.
“El atraso tarifario es tan grande que la primera corrección deberá ser importante si se apunta a reducir los subsidios que se lleva el sector eléctrico. Sólo a partir de una primera suba de peso podrá establecerse luego un sendero gradual de aumentos”, explicó a PERFIL un ejecutivo que en los últimos días se reunió con el gabinete energético.
Esta semana el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, defendió el próximo ajuste, al asegurar que “no podemos seguir derrochando lo que no tenemos”. “Asustan los porcentajes, pero una factura que se pagaba $ 150 y pasa a $ 350 implica una diferencia de $ 200, que es también igual a dos taxis o dos pizzas”. “Creo que ésa es la discusión que hay que tener”, destacó en una entrevista televisiva.
La masa de subsidios que demanda el sector energético se desmadró en los últimos años. Representa cerca de 3 puntos del PBI. Sólo el sistema eléctrico requiere subsidios anuales por más de $ 80 mil millones. Según un informe basado en datos de 2014 de Cammesa –la administradora el mercado mayorista– al que accedió este medio, las tarifas que pagan los usuarios de Edenor y Edesur sólo permiten cubrir el 17% del costo de generación, transporte y distribución de energía. En el interior esa brecha es menor porque las distribuidoras provinciales pudieron recomponer sus cuadros tarifarios. Aun así, lo que se recauda representa el 42% de costo real del sistema. El resto lo absorbe el Estado principalmente mediante subsidios al segmento de generación. Esos fondos son los que busca achicar el Gobierno con una suba del precio de la energía. Aranguren afirmó que en una primera etapa se buscará reducir subvenciones por $ 70 mil millones, pero no especificó un horizonte temporal.
Desde lo técnico, la elaboración de una propuesta para recortar subsidios está en la cabeza de Andrés Chambouleyron, subsecretario de Política Tarifaria del Ministerio de Energía, que está abocado al diseño de los nuevos cuadros tarifarios que se darán a conocer en las próximas semanas. El funcionario –un economista especializado en regulación de servicios públicos– fue quien propuso un esquema para mantener un subsidio equivalente al consumo de 150 kWh para dos millones de hogares de bajos recursos en todo el país.
Timing político. El ajuste final de las tarifas surgirá de una serie de mediaciones con otros exponentes de peso del gabinete como el propio Prat-Gay; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, con voz para opinar en cuestiones presupuestarias; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que se apoya en Gustavo Lopetegui, uno de sus hombres de máxima confianza y virtual controller del Ejecutivo, para definir cuestiones ligadas al negocio petrolero y energético.
Para Aranguren, el sinceramiento tarifario –tal como le gustaría que se presente la medida– tiene sentido no sólo para reducir el déficit fiscal por subsidios.
Confía, además, en que con precios más altos los usuarios domiciliarios dosifiquen su consumo de energía. “Hoy la demanda está desbocada porque el costo no afecta al bolsillo”, reconocen cerca de Aranguren. El aumento de las tarifas es, a su vez, condición sine qua non para relanzar la inversión privada.
