(La Nación) – El proyecto oficial busca agilizar el paso del 2G y 3G al 4G; estiman que habrá dispositivos a precios diferenciados.

El Gobierno prepara un plan de recambio de celulares que tendrá como objetivo central acelerar la migración de redes 2G y 3G a 4G y que, según fuentes oficiales, estaría en marcha a partir de junio.

Así lo adelantó a LA NACION la viceministra de Comunicaciones de la Nación, Clarisa Estol, quien aseguró que esta misma semana habrá una reunión clave entre las operadoras telefónicas y los fabricantes de equipos.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció en febrero pasado este program a, que abarcará 10 millones de dispositivos. En la Argentina, todavía algo más de la mitad de las conexiones móviles son sobre redes 2G y el Gobierno apunta a que se mejore la calidad de las comunicaciones, aunque está claro que el cambio de aparatos no sería el único camino.

Aunque la idea original era presentar el plan en marzo, según el Gobierno, las demoras se dieron finalmente debido a las dificultades entre privados para ponerse de acuerdo. «Todo depende de ellos», señaló Estol. «Nosotros actuamos como facilitadores e intentamos avanzar lo más rápido posible», agregó la funcionaria.

La viceministra de Comunicaciones participó del almuerzo mensual con empresarios que organiza la Fundación Mediterránea, donde insistió en que el objetivo del ministerio es «acompañar la velocidad de los cambios tecnológicos y que los usuarios reciban el mejor servicio».

Uno de los puntos clave de la discusión es el precio al que saldrán a la venta las nuevas terminales. La aspiración del Gobierno es que sean «accesibles». No obstante, Estol prefirió no arriesgar un número. En cambio, sí planteó que podría haber equipos para dos segmentos a valores diferenciados.

En principio, se baraja que haya unos dos millones, más económicos, destinados a clientes de la base de la pirámide social. Además, habría otros ocho millones para el segmento medio y medio-alto, cuyo precio estaría más cerca de los de última generación que hay en el mercado, por alrededor de 10.000 pesos.

La situación en la isla

Según confiaron fuentes empresariales a este medio, los fabricantes instalados en Tierra del Fuego están en condiciones de ofrecer equipos por entre 60 y 70 dólares (valor FOB, puestos en el puerto). La exigencia del Ministerio de Comunicaciones es que los aparatos sean homologables por las tres operadoras del mercado, una situación que en la actualidad no se da con todos los dispositivos móviles existentes en el mercado.

Estol aseguró que las compañías actualmente están en condiciones de encarar la producción del número de terminales que abarca el plan oficial, ya que ahora tienen capacidad para pagar a sus proveedores extranjeros (hasta el año pasado, el kirchnerismo mantenía un cupo limitado de dólares para esas empresas). Las inversiones para pagarlas y la infraestructura celular estarán a cargo de las operadoras.

«Si las fábricas no pudieran cumplir con la cifra prevista, gestionaríamos autorizaciones especiales de importación, que estarían a cargo de las mismas compañías con sus casas matrices», explicó, y enfatizó que los operadores móviles ofrecerán «financiación amplia» para que el recambio sea más ágil.

Desde las operadoras confiaron a LA NACION que continuarán con las conversaciones con el Gobierno y que hay reuniones periódicas para tratar de cerrar el acuerdo oficial. En Personal, Claro y Movistar eligieron no dar detalles y se limitaron a decir que hay «avances» en el proyecto.

Estol ratificó que las telefónicas comprometieron inversiones por 25.000 millones de pesos. «El monto no es menor, y a medida que tomen más confianza en el país se dinamizará la ejecución, cuyo cumplimiento estamos auditando».

En el Gobierno, en tanto, hay funcionarios que están convencidos de que se debe romper el oligopolio del mercado de telefonía móvil, repartido entre tres compañías. Según pudo saber LA NACION, hay negociaciones abiertas para interesar a un cuarto operador; los contactos están avanzados con dos empresas estadounidenses, según confiaron fuentes oficiales.

Para que se pueda sumar un operador, se debe ampliar el espectro radioeléctrico. La expectativa del Gobierno, en ese sentido, está puesta en la decisión que debe tomar la Corte Suprema respecto de la cautelar interpuesta en Mendoza por el grupo Vila-Manzano, al que la administración kirchnerista le quitó la adjudicación de las frecuencias 3G y 4G por no cumplir con el pago de 500 millones de dólares. Las frecuencias las tiene la estatal Arsat.

La intención de Comunicaciones es «abrir el espectro lo más posible y ponerlo a disposición», pero no está definido si licitarán esas frecuencias o las alquilarán.