(La Nación) – Para revertir un amparo, la provincia convocó a los usuarios al complejo mundialista de Mar del Plata.
Con una última publicación en el Boletín Oficial, la gobernación bonaerense completó ayer los pasos para llamar a audiencia pública e informar el cuadro de las tarifas eléctricas que desde febrero intenta aplicar sobre casi dos millones de usuarios residenciales, comercios e industrias de La Plata y el interior provincial. Será el 28 de julio y el lugar elegido habla de las previsiones de asistencia: el estadio mundialista de Mar del Plata.
A la par de los anuncios nacionales, el gobierno provincial oficializó las subas del servicio eléctrico en febrero, con un promedio de aumentos de 130% para los usuarios particulares, 115% para comercios y 215% para industrias. Pero ante la falta de una audiencia pública previa, el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, concedió una medida cautelar a un colectivo de usuarios y ordenó que se retrotraigan las tarifas al cuadro anterior.
El fallo no repercutió sobre el conurbano bonaerense, donde operan Edesur y Edenor, sino sobre las distribuidoras que cubren el resto del territorio provincial: Edelap (La Plata y cinco municipios vecinos), EDES (el sur provincial), EDEN (norte y noroeste del territorio) y EDEA (parte de la costa atlántica y municipios de la cuarta, quinta y séptima sección).
«Convocamos a la audiencia para cumplir lo que pide el juez», explicaron a LA NACION fuentes de la gobernación. Y señalaron que se eligió Mar del Plata porque es el lugar de mayor concentración de clientes (unos 500.000). La elección de ese único espacio implicará que algunos usuarios del norte o el oeste bonaerense deban viajar más de 500 kilómetros si pretenden asistir.
Sin embargo, en el fallo que suspendió los aumentos, el juez Arias no pidió a la provincia que realice una nueva audiencia. Y allí es donde se disparan y coinciden las interpretaciones judiciales y del propio oficialismo: el motivo de la convocatoria sería volver abstracto el fallo del juez de primera instancia.
Mientras, la provincia apeló el fallo de Arias, que deberá ser resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por los magistrados Gustavo Spacarotel, Claudia Milanta y Gustavo De Santis.
Se reeditará así la pulseada de 2012 por el amparo presentado por el ex diputado de la Coalición Cívica Oscar Negrelli. En ese expediente, Arias anuló por falta de audiencia pública un aumento tarifario de Aguas Bonaerenses (ABSA). La Cámara revocó ese fallo. Finalmente, en 2015, la Corte bonaerense terminó confirmando lo decidido por Arias y ordenó a la empresa de aguas devolver $ 1800 millones a los usuarios.
Se espera que el expediente de los aumentos de la luz llegue la semana próxima a la Cámara. Por tratarse de una acción sumarísima, debería resolverse en cinco días. Pero lo más probable es que eso no suceda, coinciden, otra vez, tanto en los tribunales como en las oficinas del gobierno provincial.
Las fuentes señalan que la Cámara probablemente no resolverá el caso antes de la feria judicial. Para cuando los magistrados retomen sus actividades, la audiencia pública del 28 de julio ya se habrá realizado en Mar del Plata. El fondo del fallo de Arias se volvería abstracto y no habría necesidad de que la Cámara contradiga el criterio fijado por la Corte en el caso Negrelli.
Pero, aun si ese no es el caso, también está en discusión la utilidad real de la audiencia. Sucede que en la resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (Oceba) publicada en el Boletín Oficial se establece que las opiniones y propuestas de los participantes en la audiencia «tendrán carácter consultivo y no vinculante».
También se establece que el presidente de la audiencia, un representante del directorio del Oceba, podrá disponer «el desalojo de la sala» si lo cree necesario. En La Plata no descartan que la cita pueda convertirse en una tribuna política para la oposición.
En el oficialismo destacan, en cambio, la situación que atraviesan las cooperativas de electricidad bonaerense, sobre las que la Nación ya aplica un aumento en los cargos por transporte de energía. «Si no aumentan las tarifas, muchas cooperativas no podrán cubrir los costos y se enfrentan a la quiebra», advierten.
