(Diario Alfil) – El aumento de gas y electricidad dispuesto por el gobierno terminó judicializado y generando incertidumbre. Los argumentos técnicos, sin contexto político, no sirven.

Por Gabriela Origlia – La cuestión energética en Argentina terminó siendo un problema económico-político-judicial. La transformación se debe al error de cálculo del gobierno nacional que quedó preso en su propio laberinto. Decidió limitar los subsidios a la energía de una sola vez, sincerar los precios y empezar a achicar el rojo. Terminó parado en el mismo lugar que hace siete meses pero con un conflicto social y judicial al frente.
El análisis económico es irrefutable: los subsidios, con el nivel que habían alcanzado, eran insostenibles. Pero gobernar no es sólo técnicos y economía. A comienzos de año un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) alertaba que en diez años los subsidios al sector eléctrico y gas natural se multiplicaron 110 veces hasta alcanzar los 128.000 millones de pesos en 2014.
Es que, a partir de la ley de emergencia de 2002, se resolvió un congelamiento transitorio de las tarifas de los servicios públicos regulados. La transitoriedad se extendió más de una década y desembocó en pérdida de autoabastecimiento, baja calidad de servicios y empresas con problemas de continuidad.
Los nuevos cuadros tarifarios incluían subas de hasta 600%, a lo que hay que sumarle un otoño frío que empujó a cambiar de categoría a la mayoría de los usuarios con el incremento extra que se pase significa.
La llegada de las facturas provocó miles de amparos en todo el país y fallos judiciales para todos los gustos; desde el rechazo de las cautelares, hasta la decisión de que se respetara el límite de 400 y 500 por ciento de incremento acordado por el gobierno hasta retrotraer las tarifas a marzo. La semana pasada la Cámara Federal de La Plata declaró “nulas” las resoluciones que fijaron el ajuste. Así le dio alcance nacional a otros amparos que rigen en siete provincias, entre ellas Códoba.
En esta ciudad, Ernesto Sanz –socio político del presidente Mauricio Macri- admitió que se equivocaron en el manejo de las tarifas y confió en un fallo inminente de la Corte Suprema de Justicia que les autorice alzas con gradualidad.
El sábado el Presidente aprovechó el festejo del Bicentenario en Tucumán para defender los aumentos en las tarifas, muchos lo intepretaron como un mensaje a Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte. El cuerpo debe definir mañana si da curso al per saltum de la Casa Rosada por los amparos contra el tarifazo.
Más allá de la defensa de Macri, ya hay integrantes de su equipo que analizan y simulan modificaciones en los cuadros tarifarios para que los incrementos no superen el 400%. Descuentan que, con el tema en la justicia, los cambios inexorablemente tendrán que hacerse. Ahora, con las resoluciones apuntándoles, deberán aplicar la racionalidad que no usaron antes.
Los especialistas que –sin excepciones- admiten que el esquema tarifario existente no resistía más y que terminó por quebrar el sistema energético, también reconocen que se podría haber usado un cuadro de subas escalonadas durante el año. La lógica es simple: el 50% del 100% es más que el 100% de nada.
Las apelaciones a consumir menos energía o a comprender el tarifazo no son más que fuegos de artificio sin sentido; el mal humor social se desplegó con boletas con cifras ilógicas, se sembró la duda también sobre las mediciones de las distribuidoras de gas y la incertidumbre regó todos los ámbitos. Consumidores y empresas están hoy en una suerte de limbo que probablemente durará hasta que la Corte se expida.
Los vericuetos políticos son tantos que mientras desde el gobierno ve la mano del Frente para la Victoria en el fallo de la Cámara de La Plata, se apoya en una solicitud de la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó –a quien hace tiempo quiere sacar de su cargo- para recurrir a la Corte.
Ella pidió en 2014 que la justicia no intervenga en cuestiones de tarifas de luz y gas. Si la Corte Suprema valida ese argumento, el gobierno nacional apelará en todas las provincias con ese fallo que tiene base K.