(DIB) – En un fallo dictado a raíz de una presentación de la CTA de los Trabajadores y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), el Juzgado Civil y Comercial N° 11 de La Plata dispuso la suspensión por el termino de tres meses la resolución 22/16, que disponía el aumento del valor del precio del Kw para todas las prestadoras y cooperativas eléctricas que funcionan en la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar interrumpe el cobro de las facturas ya emitidas y ordena la refacturación de la totalidad de las boletas provinciales de acuerdo al cuadro tarifario anterior, al tiempo que dispone que a los usuarios que ya abonaron se le deberán devengar la diferencia como créditos a su favor. Además, indica que “las empresas eléctricas deberán abstenerse de efectuar cortes en el suministro de energía por falta de pago y de aplicar multas y/o por el no pago la factura”.

Por otra parte, en su fallo de la jueza Cecilia Valeros de Corica resolvió inhibirse de opinar sobre la cuestión de fondo al sostener que se trata de una cuestión de “interés público”, por lo que envió las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que deberá resolver sobre la constitucionalidad o no del decreto que aumentó las tarifas eléctricas en la provincia.

En territorio bonaerense, las cuatro prestadoras eléctricas y las cooperativas del interior están autorizadas a aplicar una suba de entre el 140 y el 180 por ciento, luego de que la Cámara Contencioso Administrativa hiciera lugar a una apelación de la Provincia y dejara sin efecto un fallo de primera instancia que frenaba las subas por no haberse realizado con anterioridad una audiencia pública.

La semana pasada, en tanto, la Cámara Federal de La Plata suspendió por tres meses los aumentos del precio mayorista de la electricidad, medida que, como informó DIB el viernes, no tenía un efecto inmediato en las boletas de luz, al menos hasta el fallo de hoy.

El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Pérez Guillén, indicó a DIB que el fallo “suspendió la medida basándose en la irrazonabilidad del aumento”, y sostuvo que “un estudio del impacto sobre los ingresos de los hogares indica que la mayoría de las familias ingresaron en lo que se conoce como ‘pobreza energética’, que es cuando los servicios ocupan más del 10 por ciento de los salarios”.