(LPO) – Además, inversores se quejan porque no se consideraron sus objeciones al pliego.

Por Antonio Rossi – El combo conformado por la judicialización del ajuste tarifario, la inflación que se resiste a bajar, el repunte del déficit fiscal y la escasa predisposición oficial para canalizar las correcciones sugeridas desde distintos ámbitos ha comenzado a incidir negativamente sobre el programa de energías renovables (RenovAr) que lleva adelante la administración macrista.

A pocos días de que salga a la calle el pliego definitivo de la primera licitación de generación eléctrica de fuentes renovables, tanto los grandes fondos de inversión que pusieron su mira en el negocio, como las pymes locales que buscan ampliar sus ventas como proveedores de componentes y equipos coincidieron en plantear una serie de objeciones y dudas que, en caso de no ser atendidas a tiempo, podrían tirar abajo la cantidad de ofertas que espera el ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren.

Los cuestionamientos de los grandes inversores y las empresas extranjeras especializadas en el sector quedaron sobre el tapete la semana pasada, en un seminario sobre financiamiento de proyectos renovables que organizaron en Buenos Aires el estudio jurídico de Nueva York, Chadbourne & Parke y la consultora local LUFT Energía que conduce la ex vicepresidenta de YPF, Doris Capurro.

Entre los principales puntos críticos que plantearon los ejecutivos y representantes de entidades financieras al actual escenario político-económico y a las reglas de juego diseñadas por el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind sobresalieron los siguientes:

–Las complicaciones operativas que afronta la gestión de Mauricio Macri por los fallos judiciales que frenaron los aumentos tarifarios de los servicios de gas y energía eléctrica.

–La incertidumbre sobre la real fortaleza política que tendrá el actual gobierno que no cuenta con mayoría en el Congreso para sostener en el corto y mediano plazo las promesas de sinceramiento tarifario y de recortes de subsidios que le permitan achicar el déficit fiscal.

–El mantenimiento de un tribunal arbitral local para dirimir los conflictos y diferencias legales. Los representantes de fondos de inversión advirtieron que sus estatutos les impiden presentarse en proyectos que no contemplen la aplicación de la legislación de Nueva York y la participación de los tribunales arbitrales internacionales del CIADI y la UNCITRAL.

–Las dudas sobre el alcance de la garantía que aportará el Banco Mundial. No está claro si la garantía del Banco Mundial servirá para cubrir una rescisión anticipada de los contratos o para atender la falta de pago de las facturas mensuales de producción de energía.

–El error de haber puesto a la CAMMESA—la compañía administradora del mercado eléctrico que controla el Estado— como “compradora” de la energía y potencia provenientes de las usinas renovables debido a que no tiene solvencia económica, patrimonio ni recursos propios suficientes para garantizar los pagos.

–El amplio margen de discrecionalidad que se reservan las autoridades para aceptar y rechazar parcial o totalmente las ofertas, lo cual puede derivar en adjudicaciones polémicas de contratos.

En tanto, desde las pymes locales también se levantaron reproches y pedidos de cambios en las bases y condiciones licitatorias que definió el gobierno para ampliar la oferta de energía con 1.000 MW de fuentes renovables que podrían implicar una inversión global del orden de los 2.000 millones de dólares.

Los fabricantes locales nucleados en el denominado “Cluster Eólico Argentino” alertaron que “las normas vigentes les permiten a los oferentes poder importar equipos e insumos a tasa cero hasta el 31 de diciembre de 2017”.

Destacaron que “si lo que se quiere es importar insumos como chapas para la fabricación de torres eólicas se deben pagar derechos de importación, pero si se trae la torre completa junto con el aerogenerador, bajo la figura de montaje llave en mano, no se pagan esos derechos».

Los técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA) agregaron que “los requisitos excluyen la capacidad tecnológica y productiva nacional y no permiten competir en igualdad de condiciones con el material importado, que podría ingresar con arancel cero».

Otra arista que preocupa a las firmas locales que sueñan con un repunte productivo de la mano de las energías renovables es una de las cláusulas que figuraba en el borrador del pliego y que ahora quedaría confirmada para la selección y adjudicación de los contratos.

Es la que establece que una oferta económica primará sobre otros valores de la fórmula polinómica de adjudicación y que sólo en caso de empate sería el componente nacional ofertado el que defina la aprobación del proyecto.