(Página 12) – Por Fernando Krakowiak – En el gobierno tienen claras las distorsiones que genera la nueva medida, pero igual la semana pasada decidieron avanzar con el anuncio para intentar neutralizar las críticas y ver si con los nuevos techos la Corte Suprema le termina dando luz verde a los aumentos.
Si en el bimestre mayo-junio del año pasado, un cliente de Metrogas consumió 400 m3, sin haber reducido su consumo con respecto a 2014 ni haberse beneficiado con un amparo judicial, abonó 13,5 pesos de cargo fijo, 192 pesos de cargo variable (400 m3 x 0,48 peso) y 4 pesos para obras de infraestructura de gas. Su factura fue entonces de 253,4 pesos, una vez sumado el 21 por ciento de IVA. Si ese cliente mantuvo su consumo en el mismo período de este año, le corresponderá pagar 38,2 pesos de cargo fijo, 928 pesos de cargo variable (400 m3 x 2,32 pesos) y 4 pesos para obras. Unos 1174 pesos, incluyendo el IVA, lo que representa un aumento de 363,3 por ciento. El techo de 400 por ciento de aumento que busca aplicar el gobierno como “solución” al tarifazo, no implicaría ningún cambio para ese hogar. Ahora bien, si en lugar de mantener su consumo estable, ese cliente lo hubiera multiplicado por cinco, llegando a 2000 m3, debería pagar 129,2 pesos de cargo fijo, 10.880 pesos de cargo variable (2000 m3 x 5,44 pesos el m3, debido al cambio de categoría) y 60 pesos para obras. Su factura sería en ese caso de 11.069 pesos, incluyendo el IVA, lo que implica un aumento de 4268,2 por ciento, aunque si entra en vigencia el techo de 400 por ciento sólo pagará 1267 pesos. Los 9802 pesos restantes los subsidiará el Estado. Con este nuevo esquema, el que ahorre gas no tendrá ningún beneficio y el que incremente su consumo saldrá ganando en términos relativos.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó que en las categorías más altas (R3-3 y R3-4) el consumo de gas creció en junio un 49 por ciento interanual promedio, mientras que en la categoría más baja (R-1), de aquellos que demandan hasta 500 m3 por bimestre, el aumento fue de 19 por ciento. Por lo tanto, de los 11.800 millones de pesos de costo fiscal que tendrá la fijación del techo de 400 por ciento para hogares (8900 millones) y 500 por ciento para comercios y pymes (2900 millones) la mayoría ira a parar a los sectores más acomodados.
Si bien es cierto que el kirchnerismo dejó una situación compleja con varios cuadros tarifarios superpuestos al haber premiado a partir de 2014 con cero por ciento de aumento a los que reducían un 20 por ciento su consumo de gas, situación que se complicó aún más cuando muchos usuarios que no ahorraron también siguieron pagando la tarifa vieja al obtener amparos judiciales, la “solución” inicial que puso en práctica el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, resultó un engendro pocas veces visto y el parche con los techos de 400 y 500 por ciento que ahora se propone es solo una fuga hacia adelante que no resuelve las inequidades sino que las profundiza.
En el gobierno tienen claras las distorsiones que genera la nueva medida, pero igual la semana pasada decidieron avanzar con el anuncio para intentar neutralizar las críticas y ver si con los nuevos techos la Corte Suprema le termina dando luz verde a los aumentos. El presidente Mauricio Macri consideró que, dado el empantanamiento en el que se encuentra el tarifazo, esos techos porcentuales son el mal menor hasta que se lleve adelante la Revisión Tarifaria Integral antes de fin de año. Por eso decidió avanzar con la propuesta, todavía frenada por la Justicia, y acompañar los cambios con un pedido para que los hogares que incrementaron más su consumo de gas comiencen a reducirlo aunque no tengan ningún incentivo económico para hacerlo. Es decir, salió a hablarles con el corazón esperando que no le contesten con el bolsillo.
La otra opción hubiera sido no apelar la anulación del tarifazo y empezar de nuevo. Convocar a una audiencia pública, como correspondería haber hecho desde un comienzo, y poner en debate cuál debería ser el precio de gas en boca de pozo que asegure inversiones, qué exigencias se les debería fijar a las petroleras para que esas inversiones se concreten y cómo se deberían modificar los complejos cuadros tarifarios para evitar que todo estalle por el aire. Si bien el gobierno dice estar abierto al diálogo, en el caso del gas ese diálogo con gobernadores, empresarios y asociaciones de consumidores recién se produjo cuando el desaguisado estaba hecho y la Justicia comenzaba a frenar todo en medio de múltiples protestas populares. Ahora, es probable que sea la Corte Suprema la que abra el debate, pudiendo incluso llegar al extremo de convalidar la anulación del tarifazo. En ese caso, el gobierno deberá empezar de nuevo aunque ya no por iniciativa propia sino como consecuencia de una fuerte derrota política.
