Un tema inmediato en la agenda del Gobierno es la decisión sobre la reducción de los subsidios en las tarifas eléctricas. Durante abril, el tema estuvo a la espera de que las provincias firmaran el programa de convergencia de tarifas de luz que el ministro Julio De Vido logró cerrar con 20 gobernadores. Pero tres mandatarios, los de Santa Fe, San Luis y Salta, están oponiendo fuerte resistencia a suscribir esos convenios. Por esa razón, el Gobierno está en la encrucijada de continuar negociando, cediendo a algunas peticiones provinciales que pueden llegar a ser desmedidas, o anunciar la quita de subsidios y que esos tres gobiernos asuman el costo político de trasladarlo a sus usuarios o el económico de absorberlo de sus propios recursos.

Los convenios firmados con las provincias no se difundieron, sólo quedó claro que se comprometieron a no aumentar las tarifas de luz desde el 1 de enero de este año y por 365 días. El desconocimiento es tal que hasta el secretario de Servicios Públicos de Buenos Aires, Franco La Porta, se vio obligado a declarar que Edelap «tendría» que dejar de aplicar desde el 1 de mayo la suba que puso en vigencia en marzo, pero no dio respuesta sobre si la firma debería devolver lo ya recaudado por el ajuste.

En términos generales, el propósito del Gobierno parece claro: como las empresas eléctricas provinciales tuvieron aumentos de tarifas que no se hicieron en Edenor y Edesur, ahora deberán absorber la reducción de subsidios sobre el precio mayorista de la energía que le pagan a Cammesa , porque siempre tuvieron el mismo valor subvencionado por el kilovatio/hora que en el área metropolitana. De esa manera, la reducción de subsidios sólo debería alcanzar a los usuarios de Edenor y Edesur de modo de ir llegando a la «convergencia tarifaria» en todo el país.

Pero la situación no es igual si las empresas eléctricas están operadas por el Estado nacional o si son privadas. En apariencia, el gobernador Daniel Scioli logró cierta aceptación de Edelap, que está bajo control privado, para resignar el último ajuste a cambio de dinero para hacer las mismas obras que ya estaban previstas.

En Salta y San Luis, las operadoras están en manos privadas y tienen prometidos ajustes, algunos de los cuales ya fueron puestos en práctica y probablemente no acepten una vuelta atrás. En Santa Fe, la empresa depende del Gobierno provincial. Pero uno de los factores que estaría jugando fuerte en la pulseada con el Gobierno nacional es la situación frente a Cammesa.

Las provincias que firmaron, empezando por Córdoba, donde la compañía eléctrica es estatal, tenían en su mayoría un fuerte endeudamiento con Cammesa por el pago de la energía. Aun con el precio subsidiado del kilovatio y tarifas al público seis o siete veces mayores que las del área metropolitana, acumularon deuda con Cammesa (en la práctica con el Estado nacional), tan grande como la de Edenor y Edesur.

El problema es que Santa Fe no tiene deudas por la energía, y aparentemente tampoco la tienen San Luis y Salta. En el entorno del gobernador Antonio Bonfatti se resalta esa diferencia, porque nadie sabe si los convenios firmados con De Vido dan condiciones privilegiadas a esa deuda. En cualquier caso, las tres provincias no firmantes querrían tener acceso a ventajas similares.

El Gobierno aspiraba a reducir los subsidios en la luz desde el 1 de abril, tal como sucedió con el gas. Ahora lo postergó para este mes. El criterio es presentarlo como una necesidad de ahorro de electricidad, igual que con el gas, considerando que en el invierno el consumo eléctrico alcanza récords iguales a los del verano por el uso del aire acondicionado en las capas medias y de las estufas eléctricas en los sectores de bajos recursos.