El Senado de la Nación comenzó a tratar el miércoles en comisiones proyectos de ley de distintas bancadas que establecen la llamada «neutralidad en la red». Sin diferencias sustanciales en sus propuestas, los senadores decidieron unificarlas para elaborar una ley consensuada. Si bien se trata de un principio actual y de debate obligado, la neutralidad encierra dentro de ese término aséptico cuestiones de suma importancia cuya discusión debe ampliarse y enmarcarse en una regulación que persiga la soberanía digital.

La «neutralidad en la red» es un principio que hace referencia a cómo debe ser el tratamiento del tráfico que circula a través de Internet. Si existe la neutralidad, entonces las empresas que prestan servicios de conexión (ISP), como por ejemplo Telefónica o Fibertel, deben garantizar que sus clientes puedan descargar, enviar, recibir o acceder a cualquier contenido o sitio sin ningún tipo de restricción.

Y con no permitir restricciones, las iniciativas que ingresaron al Senado se refieren a que las ISP no puedan bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar, restringir o ralentizar el tráfico contratado por sus clientes en función de los contenidos a los que éstos accedan.

Es decir, con la neutralidad se busca evitar que una prestadora de conectividad priorice el acceso a un servicio web en función de acuerdos comerciales, de propiedad o de otro tipo.

Por ejemplo, si la neutralidad no existiera, Telefónica podría cerrar un acuerdo comercial con Youtube y hacer que para sus clientes el acceso a esa plataforma sea más rápido que a Vimeo, perjudicando a este último. O Fibertel podría beneficiar a Cablevisión Play, una empresa del mismo grupo empresario, haciendo que sus clientes accedan allí con más velocidad que a Netflix.

Por eso, este es una tema en el que las personas comunes quedamos en el medio de una discusión que enfrenta a prestadoras de conexión a Internet con empresas que brindan servicios sobre la web, como Google, Facebook o Netflix, entre muchos otros.

En Estados Unidos, de donde proviene la mayoría de las principales compañías de servicios web, el gobierno quiere modificar la normativa existente para que las ISP puedan cobrar un excedente que garantice un acceso más veloz a ciertos contenidos.

Esto generó una resistencia bastante fuerte. En mayo, más de 150 empresas, entre las que estaban firmas que compiten entre sí como Microsoft, Google, Amazon, Ebay, Twitter, Facebook, Mozilla y Yahoo!, dejaron sus diferencias de lado y se unieron para reclamarle al organismo que regula el tema que no avance con su propuesta porque sería una “grave amenaza para Internet”.

El 10 de septiembre hubo una protesta virtual en la que cientos de organizaciones simularon que sus sitios cargaban lento, poniendo el clásico ícono de la ruedita que gira mientras la página se carga, para mostrarles a sus usuarios cómo sería la web si se eliminara la presunta neutralidad vigente.

En este contexto llega a la Argentina el debate y obliga pensar varias cosas, empezando por el propio término de neutralidad. ¿Le cabe a una red ser “neutra”?

Según el especialista en regulación tecnológica e investigador del Conicet Ariel Vercelli, «la neutralidad es un concepto que no es neutro. Las tecnologías, la ciencia, las leyes, la política, no son neutrales. ¿Por qué debería una red electrónica distribuida ser neutral? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? A mí me parece que el concepto de neutralidad dista de ser un concepto técnico, aparece como una metáfora malintencionada del diseño arquitectónico original de Internet y existen otros conceptos que lo reemplazan, lo sustituyen, como la igualdad de trato, la no discriminación, la simetría, la isonomía, la paridad, la no exclusión… A mí siempre me suena que cuando alguien dice que existe neutralidad en la red, está diciendo a viva voz ‘no metan la mano en mi negocio'».

Tal como se plantea, la discusión parece encaminarse solamente a defender las posiciones consolidadas de grandes empresas con presencia global y economías de escala, jugadores contra las que las firmas nacionales no están en condiciones de competir.

Argentina cuenta con normas vigentes que, si bien no tienen el estatuto de ley, garantizan la «neutralidad en la red» de forma explícita. La Secretaría de Comunicaciones a cargo de Norberto Berner estableció en su Resolución 05/2013 que los prestadores de servicios de telecomunicaciones deben “garantizar a cada usuario un acceso que de ningún modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade, o restrinja arbitrariamente la recepción o el envío de información”, según se lee en su Artículo 2º.

Así, con la neutralidad garantizada, la elaboración de un proyecto de ley consensuado sería mucho más rico si contemplara la regulación de Internet en su conjunto, con una discusión pública, abierta y participativa que contemple cuestiones sensibles como la privacidad online de las personas, la protección de los datos personales, respuestas al espionaje o la ciberseguridad como cuestión de Estado, entre otras cosas.

¿Dónde deben almacenar las compañías que operan en Argentina los datos de los argentinos? ¿A quién pertenece la información que volcamos en Facebook y qué derechos tenemos sobre ellos? ¿Con quien puede compartir Gmail los contenidos de nuestros correos? ¿Puede o no Microsoft revisar sin nuestro permiso las fotos que guardamos en sus servidores? ¿Tiene derecho Dropbox a eliminar las canciones que almacenamos allí? ¿La capacidad judicial de dirimir éstas y otras cuestiones le cabe al país en donde estas empresas tienen sus sedes o en el que operan sus usuarios?

Sería saludable que preguntas como esas formen parte del debate regulatorio, porque la «neutralidad en la red» es sólo uno de los múltiples aspectos de una trama en la que, en realidad, lo que está en juego son nuevos aspectos de la soberanía.