Norberto Berner es el secretario de Comunicaciones que tuvo en sus manos el trabajo de elaboración del proyecto de ley que regula y declara de interés público las empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC). El próximo martes hablará antes los senadores y brindará detalles de la norma que, como afirma, «es una ley que desmonopoliza y, sobre todo, protege al más débil: al usuario».
–La ley habla de servicio e interés público. ¿Cuál es la diferencia sustancial?
–Lo que se declara como servicio público es el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios. Lo que buscamos lograr es que la transmisión de datos se pueda realizar a través de interconectar las redes y la desagregación de la red local que significa que cualquier empresa tenga red propia o alquilada para brindar y generar contenidos. El usuario, que es lo que más nos interesa, podrá elegir cualquier empresa sin tener que cambiar el cableado existente y tendrá el acceso al servicio de la empresa que quiera. Y la totalidad de los servicios TIC se declaran de interés público a los fines de poder tener una mirada más amplia, poder invertir más y priorizar esa inversión.
–Cuando una empresa debe alquilar la red para brindar servicio, ¿no se corre riesgo de que ese costo se traslade luego a la tarifa que pagará el usuario?
–Es cierto que ese alquiler se traslada al usuario pero para poder tener acceso a Internet se debe contar con una red que llegue a la casa del usuario. Como se podrá optar y todas ofertas llegarán por un mismo cable, ese precio de alquiler de la red se distribuye entre todas las firmas que brindan el mismo servicio y eso hace disminuir el precio, como sucedió en Gran Bretaña. El precio entre los mayoristas estará regulado para que las empresas chicas puedan brindar el mismo servicio y llegar a todas partes.
–Según el texto de la ley, el Estado tiene varias formas de participar en el servicio TIC.
–Lo hace de diferente maneras. Una es la regulación del valor de los alquileres de red y también a través de Argentina Conectada, que lleva adelante el Ministerio de la Producción. Entonces, la ley llega para demostrar que la red tendrá un juego transparente, a favor de los más pequeños, sin que haya competencia desleal. Otra vía de entrada del Estado importante es la VMP, la velocidad mínima de transmisión, que se definirá cada dos años y que generará el incentivo para llegar a la fibra global.
–El Grupo Clarín afirma que esta ley favorece a Telefónica porque podrá acceder a prestar servicios impedidos por la Ley de Medios.
–En realidad creo que le tienen miedo a la competencia y no sólo a Telefónica, sino también a las pymes y cooperativas que podrán dar este tipo de servicios. Porque la verdad que en este punto está declarada la neutralidad de la red (NdeR: no hay bloqueo, interferencia, discriminación ni restricciones para transmitir, ofrecer o acceder a contenidos), y los directivos de Telefónica se mostraron en desacuerdo porque junto con Telecom tienen las redes más grandes y extensas. Entonces, creo que lo que no quieren es competir y entender que están dando un servicio público. Por lo tanto, ahora las empresas más chicas podrán acceder a este servicio. No se puede seguir negando la realidad, por eso se regula y a favor de los más chicos. De lo contrario seguirá perdiendo el usuario.
–Entonces, si Telefónica puede participar en el negocio de las TIC tendrá que adecuarse a lo que plantea la Ley de Medios.
–¡Por supuesto! Si Telefónica es propietaria de Telefé, entonces, de acuerdo a lo que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no podrá brindar señales de cable en la ciudad de Buenos Aires porque ya tiene un canal de aire.
–Entonces la queja de Clarín e incluso la de Telefónica es porque la ley desmonopoliza.
–Cualquier ley que desmonopoliza pisa un callo. Nuestra ley pisa el callo a todos y por igual.
–No sólo está la ley, también en estos días el Estado subastó los lotes de frecuencias de 4G.
–Esto fue un hecho histórico. Es un proceso que empezó en mayo y logramos cumplir. Pusimos un precio que cuidaba el bolsillo del fisco argentino y a pesar de las dificultades, logramos traer a cuatro empresas que participaron para diez lotes del espectro radioeléctrico, cuatro para 4G y luego el remanente de 3G, que permitirá mejorar este año el servicio de 3G. El precio de base era de U$S 1960 millones y en la puja entre las empresas, Claro, Personal y Movistar, fue tan fuerte que el precio se incrementó en U$S 267 millones. Esto representó, en solo en un día, el costo de ARSAT-1. Además, a eso las empresas le deben agregar U$S 2000 millones en inversiones durante los próximos cinco años. Pero esto implica que las empresas saben que en 15 años recuperarán U$S 4200 millones. Eso significa que estas empresas creen que a la Argentina le irá muy bien. Entonces, es una muy buena noticia en el marco de una crisis que dicen que vivimos. «
