A seis meses de haber sido lanzado con bombos y platillos, el plan para quitar los subsidios de los servicios de energía eléctrica, gas y agua quedó literalmente en el olvido y ningún funcionario emite palabra acerca de cuándo podría reanudarse.

La suspensión de las subas tarifarias que se iban a producir por la quita de los aportes estatales también se extendió al transporte público de pasajeros. La implementación “personalizada” del SUBE (Sistema Unico de Boleto Electrónico) para los usuarios de los colectivos, trenes y subtes está suspendida y nadie sabe cuándo entrará en vigencia.

El freno aplicado en la movida “antisubsidios” hizo más notorio el fracaso de otra medida complementaria que había adoptado el Gobierno bajo la bandera de “redistribución equitativa”. Se trata del “Registro de Renuncia Voluntaria al Subsidio”, que al cabo de un semestre logró la adhesión de sólo el 0,25% de los clientes residenciales de energía eléctrica, gas y agua de todo el país.

A principios de noviembre del año pasado, la administración kirchnerista puso en marcha un plan de eliminación de subsidios en los servicios esenciales que afectó tanto a las empresas, como a los usuarios residenciales.

En el caso de los grandes clientes, la quita de beneficios tarifarios arrancó por los bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito, telefónicas, juegos de azar, petroleras,  mineras y aeropuertos, entre otros. Después se agregaron los organismos públicos porteños, refinadoras de combustibles, aceiteras y agroquímicas. Pese a la promesa de que se iban a sumar más sectores, desde fines de 2011 no hubo anuncios.

Para los usuarios residenciales, el Gobierno adoptó dos medidas. Por un lado, dispuso en forma arbitraria la eliminación de los subsidios para casi 280.000 clientes de distintos barrios porteños, algunas zonas del Gran Buenos Aires, countries y urbanizaciones cerradas de todo el país. Y, por otro lado, decidió enviarle a otros 230.000 usuarios de varios sectores de la Capital y el Norte y Sur del Conurbano un formulario para que manifiesten si necesitaban o no seguir recibiendo los subsidios. Los que no contestaron, perdieron automáticamente los beneficios . En cambio, los que pidieron seguir siendo subsidiados fueron sometidos a un cruce de datos con la AFIP y la ANSeS para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser exceptuados.

En total, entre los que perdieron los subsidios en forma directa y aquellos que lo hicieron por no reunir las condiciones de excepción, quedaron unos 500.000 usuarios residenciales que representan sólo el 4,1% del universo de hogares de todo el país que tiene acceso a los servicios de luz, gas y agua potable. Por la quita de subsidios y los aumentos tarifarios que aprobó el Gobierno, estos usuarios afrontan desde enero subas en las facturas finales que van del 150% al 350% .

Con respecto a las “renuncias voluntarias”, el registro que habilitó el Ministerio de Planificación sólo logró la adhesión de 30.500 usuarios, que equivalen al 0,25% de los clientes residenciales. Esa cantidad representa apenas 30% del mínimo de 100.000 que se esperaba conseguir.

El freno en la reducción de subsidios se debería, en primer lugar, a que ahora el que talla en el Gobierno es el viceministro de Economía, Axel Kiciloff quien, a diferencia de Julio De Vido, es partidario de mantener los subsidios para que no se vean afectados los ingresos de los hogares y no se retraiga el consumo. La segunda razón pasa por los reclamos que elevaron a principios de año los intendentes del Conurbano. Se quejaron porque los aumentos de tarifas iban a afectar la recaudación. En el caso del SUBE, las demoras en los aumentos selectivos se deben a que el Gobierno no quiere afrontar costos políticos mientras no se disipen las críticas tras la tragedia de Once.