El martes se retomó el debate en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside Liliana Fellner, esta vez con la presencia de actores involucrados directamente, como las cooperativas que brindan telecomunicaciones.

Darío Oliver, de la Cámara de Cooperativa de Telecomunicaciones (Catel) coincidió con los demás expositores en la preocupación “de que haya tanta cosa delegada en la autoridad de aplicación” y manifestó que para el sector sería importante que el órgano de aplicación “sea creado por la ley”.

Los representantes de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) apuntaron en el mismo sentido reclamando “fijar mejor las funciones de la autoridad de aplicación y del órgano de control”, expresó su presidente, Abel Argüello. El dirigente pampeano también agregó que «nos parece que la futura ley no contempla a las organizaciones de la economía social y debería establecer reglas claras para las cooperativas» para que puedan competir con actores poderosos.

Entre las opiniones que se escucharon ayer en la sala estuvo la del especialista en comunicación, profesor Martín Becerra, quien expuso una síntesis de un análisis más extenso que dejó a disposición de la Comisión.

“Los considerandos del proyecto resultan congruentes con una política de comunicaciones convergente e inclusiva” señaló Becerra al describir a la convergencia como “un proceso en curso” y “difícil de regular en todo el mundo”, pero que al tratarse de servicios esenciales para la población el propio Estado debe procurar que no exista “abuso de posición dominante” y garantizar su “universalidad”.

Para que estos objetivos puedan ser alcanzados con el proyecto Argentina Digital, “son necesarias algunas modificaciones” expresó Becerra que también coincidió con otros disertantes en la importancia de definir la autoridad de aplicación y de control.

Entre los puntos objetados por el especialista en medios esta “la obligatoriedad de compartir redes de transporte (que deberían especificar cuándo se trata de ductos, de postes, etc.), a lo que se alude con la fórmula de «servicio público esencial en competencia», resultará gravoso para cooperativistas y pequeñas y medianas empresas. Es preciso que el marco normativo sea asimétrico porque el mercado es profundamente concentrado y asimétrico”. Como muestra la legislación comparada, “desagregar la red local es un paso necesario cuando se trata de conglomerados con posiciones dominantes e integración vertical, pero no en el caso de operadores pequeños”.

Entre los puntos más criticados por algunos sectores está la habilitación a las telefónicas para prestar servicios audiovisuales. Martín Becerra indicó que esto “es compatible con la convergencia pero este proyecto de ley es menos riguroso con las telefónicas de lo que fue en 2009 la propuesta del actual gobierno incluida en el proyecto de ley audiovisual”.

Al respecto indicó, apelando a la legislación europea, que sería necesario poner plazos para el ingreso de estas empresas dominantes y citó a Graciana Peñafort que días atrás propuso “reservas para quienes hicieron uso de estrategias de economía social para contar con un servicio que no tenían por incumplimiento de las incumbentes (telefónicas) y, también, plazos y resguardos geográficos.”

Becerra también alertó sobre la posibilidad de que la telefonía fija pase a ser declarada de «interés público» en la nueva ley, lo cual traería «más problemas que ventajas».

Hasta el jueves de esta semana está previsto que continúen las exposiciones sobre el proyecto Argentina Digital en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.